Legisladores republicanos piden a Pompeo que arregle enormes discrepancias de la Mexico City Policy.
WASHINGTON DC, 24 de enero, (C-Fam) La ampliada Mexico City Policy cortó el financiamiento de los EE. UU. a grupos extranjeros que promueven o practican el aborto, pero no detuvo el financiamiento a grupos locales que se vuelcan y entregan dinero de los contribuyentes a esos mismos grupos abortistas extranjeros. Los republicanos acaban de pedir a la administración Trump que quieren arreglar ese tipo de ambigüedades.
Una carta emitida por el senador Mike Lee, senador republicano por el estado de Utah, en representación de 59 miembros del Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos dirigida al Secretario de Estado Michael Pompeo expresó su preocupación por el descubrimiento de que las organizaciones no gubernamentales de los Estados Unidos “se están reestructurando para aminorar el impacto” de la política sobre filiales extranjeras.
El presidente Trump restableció y amplió la Mexico City Policy, una prohibición de fondos estadounidenses a las ONG extranjeras que promueven y realizan abortos. La nueva política renombrada Protección de la Vida en la Asistencia Sanitaria Global (PLGHA, por sus siglas en inglés) actualmente se aplica a más de 8 mil millones de dólares destinados a temas de salud mundial, sin embargo amplias exenciones fueron otorgaron a organizaciones registradas en los EE. UU., a pesar de su complicidad en la expansión del aborto en los países en desarrollo.
Los legisladores citaron ejemplos de grupos estadounidenses que promueven actividades de aborto en el extranjero y que aún así recibieron en 2018 más de 250 millones de dólares en fondos para salud global provenientes de los EE. UU. Sólo el mayor receptor, Population Services International (PSI) recibió más de $120 millones. El grupo trabaja en 50 países donde son un enorme distribuidor de píldoras médicas para el aborto, un proveedor de capacitación en aborto y un defensor de la liberalización de las leyes sobre el mismo. PSI está diseñando un esquema de reestructuración con afiliados extranjeros para registrarlos bajo su paraguas estadounidense de manera que puedan continuar recibiendo fondos estadounidenses para así seguir realizando abortos.
Pathfinder International recibió $85.7 millones en 2018. El grupo colabora con los diferentes gobiernos para incluir servicios integrales de aborto en los programas nacionales de salud. Otro grupo, PATH, se adjudicó $52 millones a pesar de su claro activismo en la promoción del aborto en el sur de Asia.
Por su parte, Population Council recibió $15 millones en fondos de los contribuyentes lo que lo sitúa en la cima de subvenciones otorgadas a fundaciones. Este grupo ayudó a fundar una compañía farmacéutica en Burkina Faso actualmente involucrada en un controversial estudio de aborto médico en el segundo trimestre. El estudio se anuncia como la promoción del aborto de “autocuidado” y está destinado a pasar por encima de las leyes pro-vida del país.
“Nuestra posición es clara: las ONG nacionales deben adherirse a las mismas medidas de responsabilidad descritas en el Título X como lo harían si recibieran asistencia federal extranjera”, dijo la representante Virginia Foxx, senadora republicana por el estado de Carolina del Norte, quien dirigió el esfuerzo para los miembros de la Cámara. “Si ellos activamente eligen socavar estas reglas y participan en actividades que apoyan la terminación de la vida humana, su elegibilidad para obtener dinero de los contribuyentes debería esfumarse”.
Los legisladores instaron al Departamento de Estado “a exigir a las ONG de EE. UU. el certificar que, durante el plazo de cualquier adjudicación de fondos de EE. UU., sus ONG extranjeras subvencionadas no realizarán abortos como método de planificación familiar y no lo recomendarán, capacitarán ni aconsejarán como método de planificación familiar”.
Los legisladores dijeron que exigir que las ONG estadounidenses cumplan con las restricciones de la PLGHA sería “constitucional y legalmente fundamentado”, y dijeron, “en la Primera Enmienda no existe el derecho a realizar abortos”.
Citaron el fallo de la Corte Suprema en el caso Rust vrs. Sullivan de que la primera enmienda de la Constitución no se violenta por las regulaciones al prohibir que los beneficiarios de subvenciones federales realicen, brinden asesoramiento, se refieran o se ubiquen en sitios que realizan abortos como método de planificación familiar.
Al redistribuir el dinero de los ya muy bien financiados grupos de abortistas, dijeron los legisladores, la administración “liberaría” fondos para nuevas asociaciones “que cuidan tanto a la madre como al niño”. Los fondos perdidos por los grupos que se niegan a cumplir podrían redirigirse en el combate de la mortalidad materna prevenible: que hoy por hoy asciende a 800 muertes por día.
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