El Departamento de Estado promueve la sodomía gay como un derecho humano

By Austin Ruse | November 6, 2020

Embajador Richard Grenell, una fuerza impulsora detrás de la promoción gay en la administración Trump.

GINEBRA, 6 de noviembre (C-Fam) Si los conservadores sociales tuvieran una queja contra la administración Trump, sería la práctica continua iniciada por la administración Obama de promover la agenda homosexual a través de medios bilaterales y multilaterales.

Esta semana, Estados Unidos participa en un proceso de derechos humanos poco conocido e incluso menos comprendido llamado Examen Periódico Universal (EPU). Está conectado con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que permite a los gobiernos criticarse entre sí sobre las normas de derechos humanos establecidas.

La queja de los estados miembros de la ONU y de los conservadores sociales estadounidenses es que EEUU está utilizando el proceso para promover derechos que no son inalienables y que ciertamente no están establecidos por acuerdos de derechos humanos. Específicamente, Estados Unidos y muchos gobiernos europeos de izquierdas están utilizando el proceso para presionar a los gobiernos más pobres del mundo para que legalicen la sodomía.

Se debe enfatizar que el sexo gay no es parte de ningún tratado de derechos humanos, ni se menciona en ninguna resolución no vinculante de la ONU; sin embargo, Estados Unidos ha presionado a los gobiernos más de 100 veces sobre el tema. Hay tres sesiones por año con 14 naciones examinadas en cada sesión.

Apenas esta semana, Estados Unidos presionó a Malawi y Liberia para que legalizaran la sodomía, algo que era ilegal en varios estados de EEUU hasta que la Corte Suprema lo impuso en la decisión de 2003 de Lawrence contra Texas.

El representante del Departamento de Estado, Sean García, le dijo el lunes a Malawi que deberían “despenalizar el estatus y la conducta LGTBI”. El martes, Mark Cassayre le dijo a Liberia que “despenalizara las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo entre adultos que consientan”.

Según una investigación realizada por Rebecca Oas, vicepresidenta de investigación de C-Fam, esa presión de Estados Unidos comenzó en diciembre de 2009 bajo la administración de Obama. Desde el comienzo del EPU en 2008, el gobierno de Obama promovió las cuestiones de orientación sexual e identidad de género en el EPU en el 16,6% de las evaluaciones de países. En realidad, esto ha aumentado durante la administración Trump al 17,5% de las revisiones de países.

En el Examen Periódico Universal, el sexo gay ha sido el foco casi exclusivo de unos pocos países, en su mayoría europeos, mientras que los países objetivo son en su mayoría los del mundo en desarrollo. El Papa Francisco ha llamado a esa presión “colonialismo sexual”.

La promoción continua del sexo gay como un derecho humano parece contradecir la Comisión de Derechos Inalienables de la administración Trump, que se suponía que debía promover derechos humanos establecidos desde hace mucho tiempo como la autodeterminación política, la libertad de prensa entre otros; y no cosas como la práctica homosexual.

El esfuerzo por impulsar estos nuevos derechos proviene de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, ahora encabezada por el profesor de derecho conservador Robert Destro, quien tomó una licencia de la Escuela de Derecho Columbus de la Universidad Católica de América. Los conservadores sociales esperaban que el subsecretario Destro pudiera detener la práctica. El problema es que el Departamento de Estado ha sido durante mucho tiempo el hogar de un grupo de presión muy poderoso y organizado de empleados homosexuales. Un funcionario de alto rango del Departamento de Estado dijo al Friday Fax que no importa cuál sea el tema, cada reunión del Departamento de Estado debe tratar de alguna manera el tema de los homosexuales.

Los gobiernos son libres de ignorar las críticas que llegan en el Examen Periódico Universal. Estados Unidos, por ejemplo, ha sido presionado por las restricciones a la financiación estadounidense para abortos en el extranjero. Estados Unidos, incluso bajo la administración de Obama, ha rechazado tales críticas a la ley estadounidense.

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