Abogados internacionales afirman que la protección maltesa de los no nacidos es «tortura»

By N/A

NUEVA YORK, 29 de marzo (C-FAM) Especialistas europeos en derecho han acusado al diminuto estado isleño de Malta de ser violador de los derechos humanos, en preparación para el próximo análisis al que será sometido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. El delito imperdonable de Malta es proteger la vida humana en el seno materno.

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), organización de derechos humanos compuesta por abogados y juristas, presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en el que acusa a Malta de poner en peligro la vida de las mujeres innecesariamente con leyes que protegen la vida humana. El fundamento legal de estas demandas es muy controvertido.

El informe trata principalmente de las dificultades inmigratorias maltesas por tratarse del país europeo más próximo a múltiples puertos africanos. Pero la CIJ aprovecha la oportunidad para censurar a Malta por negar el aborto «por motivos terapéuticos» afirmando que constituye una violación del derecho a la salud y una forma de tortura.

Los especialistas en derecho citan recomendaciones de órganos de tratados de la ONU encargados de supervisar el cumplimiento de acuerdos de derechos humanos a los que adhirió Malta. Ninguna de estas sugerencias es legalmente vinculante. Tampoco son interpretaciones oficiales de tratados de la ONU. De hecho, ningún acuerdo de las Naciones Unidas menciona el aborto ni expresión alguna que insinúe que existe un derecho tal.

El fundamento científico de las demandas también es debatible. Tanto los especialistas de la CIJ como los órganos de tratados de la ONU aseguran que se pone en peligro la salud de las mujeres donde el aborto es ilegal, porque ellas recurren a prácticas ilegales riesgosas. Pero no existen pruebas científicas de que las leyes de Malta que protegen la vida pongan en peligro a las mujeres.

Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud de 2010 para las muertes maternas atribuidas al aborto en Malta están dentro del promedio mundial, cercano al 13 %. Según la OMS, han disminuido a un ritmo similar que en países de la UE vecinos como Italia, España y Grecia, los cuales no protegen totalmente a los bebés por nacer. Los datos del informe sobre la Carga Mundial de Morbilidad de 2010 correspondientes a Malta además muestran un descenso muy pronunciado en las muertes totales atribuidas al aborto en los últimos veinte años que ha ido a la par de una drástica mejora en salud materna general (ver gráfico). El número total de muertes atribuidas al aborto (0,03%) es menor que en España y en Grecia.

Malta es simplemente la última de varias naciones católicas que prohíben el aborto y que cuentan con excelentes registros de salud materna para convertirse en el objeto de  presiones y de acusaciones falsas por parte de agrupaciones que quieren que el aborto sea un derecho humano. La legislación maltesa protege a los no nacidos en toda circunstancia y en todas las etapas de desarrollo, sin excepción.

Como otras organizaciones de derechos humanos creadas en la Europa de la posguerra con la amenaza inminente de violaciones soviéticas de los derechos humanos, la CIJ redefinió su objetivo tras la desaparición de la Unión Soviética y comenzó a promover el aborto como derecho humano.

En la última década, también estuvo a la vanguardia impulsando una amplia gama de derechos especiales nuevos para los homosexuales y en 2007 publicó los  Principios de Yogyakarta. Su informe sobre Malta acusa al estado isleño de negar al transexual «Joanne Cassar, quien está legalmente reconocida como mujer (aunque fue inscrita como varón al nacer)» el derecho a contraer matrimonio con otro hombre. La Corte Suprema maltesa no reconoció tal derecho y el caso ahora está pendiente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.   

El Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, examinará el registro de derechos humanos de Malta en octubre.

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