Activistas a favor del aborto anticipan su condición de parias bajo la política de la Ciudad de México

By Rebecca Oas, Ph.D. | January 2, 2025

WASHINGTON, D.C., 3 de enero (C-Fam) En las semanas previas a la segunda toma de posesión del presidente Donald Trump, los grupos internacionales a favor del aborto están haciendo sonar las alarmas sobre el anticipado regreso -y probable expansión- de una política que los haría inelegibles para recibir fondos de EE. UU. a menos que acepten dejar de promover o proveer abortos.

La orden ejecutiva provida, introducida por el presidente Ronald Reagan con el nombre de Política de Ciudad de México, ha estado en vigor bajo presidentes republicanos desde entonces, hasta la primera administración Trump.  Trump la amplió para abarcar toda la asistencia de salud mundial.

En un seminario web organizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia, Rachel Clement, de Population Action International (PAI), señaló que, si Trump ampliaba la política para incluir toda la ayuda exterior, podría afectar a la ayuda de US$51 mil millones.

Bajo la anterior administración Trump, relativamente pocas organizaciones extranjeras se negaron a certificar la política, optando por renunciar a los fondos de EE. UU., pero entre ellas se encontraban las federaciones internacionales de aborto Planned Parenthood y MSI Reproductive Choices (antes Marie Stopes).

Sara Casey, de la Universidad de Columbia, afirmó que, en la práctica, esto convertía a las organizaciones a favor del aborto en parias en los países en los que trabajaban.  “Las [organizaciones] certificadoras se mostraban reacias o poco dispuestas a participar en reuniones con organizaciones que practicaban el aborto, aunque dichas reuniones fueran sobre otro tema”, afirmó. “Las organizaciones no certificadoras a veces se veían excluidas de las reuniones, incluso de las convocadas por el ministerio de salud”.

Casey señaló que se produjeron muchas “colaboraciones fracturadas” entre organizaciones y “la ruptura de muchas relaciones antiguas o de confianza” a causa de la política y cambios en las referencias. “Una organización certificadora podría dejar de referir clientes para atención no relacionada con el aborto a una organización que se negó a certificar, por lo que podrían dejar de referir clientes para planificación familiar a una clínica que también practica abortos”.

Esther Kimani habló en nombre de Zamara Foundation, con sede en Kenia, financiada por Planned Parenthood y otros donantes a favor del aborto. “Quienes se negaban a cumplir la política se enfrentaban realmente a una gran estigmatización, a la exclusión de los esfuerzos conjuntos y a la pérdida de colaboraciones en la comunidad”, afirmó Kimani.  Añadió que la política “creó un entorno en el que prosperaron los movimientos contra los derechos, contra el feminismo y contra el género”.

Según Kimani, la política también reforzó los movimientos provida locales de la región. “Decimos ahora, tienen una base en África Oriental, y hemos visto cómo realmente han avanzado, teniendo esquemas contra el aborto que se han promulgado en los últimos años.”

Beth Schlachter de MSI posicionó la Política de la Ciudad de México dentro del ámbito más amplio de las iniciativas de política exterior provida de Trump, incluyendo la Declaración del Consenso de Ginebra, que llama a mejorar la salud de las mujeres sin aborto.  Los creadores de la declaración han llegado a construir un esquema para la salud óptima de las mujeres llamado Protego, proporcionando un camino para implementar la declaración en países de todo el mundo.

“Muchas de las actividades que contiene son bastante estándar y realmente promueven la salud de la mujer”, admitió Schlachter. “Es lo que no está incluido en ella: el aborto, la salud reproductiva y la atención a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, y las personas LGBTQI y sus necesidades”.

Schlachter afirmó que, como MSI se negó a certificar la política, 8 millones de mujeres se quedaron sin recibir atención.  “Pudimos documentar que unas 20,000 mujeres murieron en situaciones de salud materna”.  Culpó a la política de esas muertes, y no a la priorización del aborto que daba MSI a los fondos de EE. UU.

Nabeeha Hutchins, presidente de PAI, se mostró pesimista sobre el panorama de financiamiento para los grupos que promueven el aborto a nivel internacional.  “Nuestro enfoque de financiamiento no está alineado con lo que está haciendo la oposición.  La oposición destina fondos a largo plazo… nosotros tenemos que responder con la visión a corto plazo”.

“Los donantes se están yendo, los defensores se están yendo y trasladándose a otros sectores”.

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