Análisis: Los grupos abortistas internacionales no ayudarán a las mujeres si se les da la opción

By Rebecca Oas, Ph.D. | January 4, 2024

WASHINGTON, D.C. 5 de enero de 2024 (C-Fam) Los grupos abortistas suelen argumentar que las restricciones al aborto, como la Política de la Ciudad de México, perjudican la planificación familiar y otros servicios de salud. Este argumento lo repiten los principales medios de comunicación como un hecho científico para calificar cualquier restricción del aborto de intolerante o misógina. Un estudio reciente publicado en Science Advances, y citado por los grupos abortistas en los medios de comunicación, presenta este mismo argumento.

Gigantes internacionales del aborto como International Planned Parenthood Federation y MSI Reproductive Choices, antes Marie Stopes International, y sus filiales en todas las regiones en desarrollo han optado repetidamente por no recibir fondos de EE. UU. —despedir a empleados, recortar salarios y reducir servicios — en lugar de abandonar su labor abortista para cumplir la Política de Ciudad de México.

Si la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) sigue colaborando con estas organizaciones depende de si está realmente comprometida con la continuidad de los servicios a las personas necesitadas, o si está dispuesta a mantener esos servicios como rehenes de una agenda proaborto, como es el caso de las organizaciones que no cumplen.

Se puede evitar la interrupción de los servicios simplemente financiando sistemáticamente a los grupos que no promueven el aborto en lugar de a los grupos abortistas que no están dispuestos a cumplir las condiciones de financiamiento de EE. UU.

Un informe del Departamento de Estado de 2018 encontró que la mayoría de los beneficiarios estaban dispuestos a aceptar los términos de la política. Solo cuatro no lo estaban, incluyendo Planned Parenthood y MSI Reproductive Choices.

Ambos partidos políticos, fuertemente divididos sobre el aborto, han propuesto soluciones legislativas, ya sea rescindiendo permanentemente la política o incorporándola a la ley.  Con un electorado y un Congreso divididos, ambos resultados no parecen probables en un futuro próximo.

Los autores del nuevo estudio sostienen el conocido argumento de que las restricciones de los fondos de EE.UU. al aborto están teniendo la “consecuencia no deseada” de reducir el uso de anticonceptivos en el África subsahariana.  Vincula la disminución del uso de anticonceptivos en los países con la “Política de Apoyo para Proteger la Vida en el Marco de la Asistencia Sanitaria Global” (PLGHA), anteriormente conocido como la Política de Ciudad de México.

La PLGHA bloquea los fondos de EE. UU. destinados a organizaciones proabortistas con sede en el extranjero. Los presidentes republicanos la han usado desde Ronald Reagan en 1984 para no financiar a organizaciones que usan recursos de fondos no estadounidenses para promover o practicar abortos. El expresidente Donald Trump la amplió para cubrir todo el presupuesto de salud global de USAID. La política fue rescindida en la primera semana del mandato del presidente Joe Biden, como ha sucedido bajo todos los presidentes demócratas.

Las organizaciones proaborto se oponen firmemente a esta política porque es efectiva. Un artículo anterior, que se refería a la Política de Ciudad de México peyorativamente como la “ley mordaza global”, admitía que la PLGHA “obstaculizaba los esfuerzos para liberar y aplicar las leyes sobre el aborto” y “frustraba las asociaciones y el poder colectivo [de los defensores del aborto] para influir en el cambio”. Esto hubiera sido especialmente pertinente para los países del estudio más reciente, muchos de los cuales tienen leyes restrictivas sobre el aborto.

Son estas consecuencias previstas de la Política de la Ciudad de México, en lugar de las “consecuencias no deseadas” de fácil resolución para la prestación estable de servicios de planificación familiar, las que constituyen el verdadero objetivo del lobby abortista internacional.

El objetivo de USAID es prestar ayuda esencial a las personas necesitadas, de forma que se ajuste a la legislación y la política de EE UU.  La forma más eficaz de hacerlo es asociarse con organizaciones que compartan esa prioridad y se muestren dispuestas a cumplir los requisitos para recibir fondos de EE.UU., incluyendo disposiciones a favor de la vida que probablemente se mantendrán, aunque sea de forma intermitente, durante mucho tiempo.

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