Argentina demuestra ser terreno fértil para los militantes proabortistas
By Stefano Gennarini, J.D.
NUEVA YORK, 10 de enero (C-FAM) La Corte Suprema de la provincia argentina de Salta se convirtió en lo último de la campaña por la creación del derecho internacional al aborto.
En diciembre, la corte citó las opiniones de expertos de la ONU que supervisan acuerdos de derechos humanos para reivindicar el derecho al aborto de una niña de catorce años violada por su padrastro.
La resolución constituye una moraleja sobre el poder de la llamada «ley blanda». Pese que las opiniones de los expertos de la ONU no son vinculantes se utilizan para rebatir las leyes nacionales.
Los especialistas de las Naciones Unidas que trabajan en comités de supervisión de tratados habitualmente dicen a los países que liberalicen sus leyes de aborto, aun cuando no existe un derecho internacional al aborto. Ningún tratado de la ONU lo menciona (así lo afirmaron expertos en derecho internacional y en salud mundial en los The Artículos de San José).
Las agrupaciones proabortistas quieren que los tribunales nacionales reconozcan estas opiniones porque creen que el derecho internacional al aborto puede desarrollarse por medio de la costumbre. El plan se basa en una teoría jurídica no comprobada y en casos donde las cortes revocaron leyes de aborto debido a opiniones de los expertos de la ONU. Los máximos tribunales de Chile, México y Perú se han negado a dar importancia alguna a las opiniones de los comités en este tema. Pero Argentina está demostrando ser terreno fértil para dichas afirmaciones.
El juez de un tribunal de primera instancia negó a la niña de catorce años la práctica del aborto basando sus argumentos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, acuerdo vinculante que reconoce explícitamente el derecho a la vida del niño por nacer desde el momento de la concepción. Pero la Corte Suprema de Salta dio crédito a los expertos de la ONU.
El caso de Salta corrobora el recelo de los senadores de Estados Unidos que no quieren ratificar tratados de derechos humanos de la ONU que podrían otorgar poder a funcionarios de la ONU y a jueces activistas para promocionar el derecho internacional al aborto. El Senado de los Estados Unidos está considerando la posibilidad de ratificar el tratado de la ONU sobre las personas con discapacidad. Los especialistas que lo supervisan ya han emitido opiniones polémicas sobre el aborto, aun siendo que el tratado entró en vigencia hace solo dos años. Los temores de los senadores no se limitan a este tema.
Pese a su considerable influencia, los Estados Unidos no pueden controlar eficazmente el desarrollo de nuevas normas internacionales mediante el sistema de derechos humanos de la ONU o el desarrollo jurídico en otros países, según especialistas en derecho internacional que testificaron ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en noviembre.
Ningún país puede evitar el desarrollo de una norma consuetudinaria en el derecho internacional, dijo Timothy Meyers, de la Universidad de Georgia, a los senadores en noviembre. Lo máximo que un país puede hacer es prevenir la aplicación de una norma particular o de ciertas disposiciones de un tratado de un modo imprevisto, afirmó. Incluso en ese caso, se encontraría en la incómoda situación de no concordar con el modo en el que otras naciones conciben sus obligaciones según el derecho internacional.
El tribunal salteño siguió el ejemplo de la Corte Suprema Argentina en un fallo similar del año pasado. El efecto de estas sentencias es limitado en las otras 23 provincias argentinas porque no pueden obligar a los tribunales inferiores o forzar un cambio legislativo. El efecto impulsor de la elección del Papa Francisco en la causa provida de Argentina constituye un obstáculo para cualquier transformación legislativa.
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