Destacados profesores de derecho conservadores debaten sobre legislación de la ONU

By Susan Yoshihara, Ph.D.

NUEVA YORK, 24 de enero (C-FAM) ¿Las leyes de derechos humanos son realmente leyes si no hay forma de hacerlas cumplir y si no hay remedio para las injusticias que se cometen? Expertos en derecho llegaron a conclusiones opuestas durante el seminario de una semana para los becarios del programa Edmund Burke la semana pasada en Nueva York.

El régimen de derechos humanos no es solo «exhortatorio», sino que puede causar verdadero daño. «Rompe el vínculo entre la comunidad histórica y política, convirtiendo a los ciudadanos en meros individuos», dijo Jeremy Rabkin, de la Universidad George Mason. Mencionó el hecho de que Gran Bretaña desechó un proceso constitucional de mil años después de que funcionarios de Bruselas le dijeron que no concordaba con la política de la Unión Europea.

Lo que es más, la retórica de los derechos humanos puede poner en peligro la seguridad nacional al reemplazar medidas serias con frases hechas en situaciones difíciles y complejas, advirtió Rabkin. Citó la respuesta anémica del gobierno de Obama a las crisis en Libia y Siria en nombre de la protección de los derechos humanos.

Pese a serios inconvenientes, Estados Unidos no obstante debería comprometer a otras naciones mediante el régimen de derechos, rebatió Grover Joseph Rees, ex embajador de Estados Unidos para asuntos económicos y sociales en las Naciones Unidas. Dijo al grupo de estudiantes de derecho reunidos para el seminario anual que él usaba normas jurídicas eficazmente como herramienta para presionar a los gobiernos recalcitrantes a cumplir con los ideales democráticos. Dijo que el gobierno de Obama ha dificultado tales esfuerzos en sitios como Vietnam, donde los diplomáticos y juristas ponen reparos para presionar a Hanoi para que libere a prisioneros políticos porque el gobierno ha cumplido con la agenda homosexual y transgénero de Washington, a la que Obama le ha conferido máxima prioridad en sus contactos diplomáticos y militares del extranjero.

Veinticinco países liberalizaron sus leyes de aborto entre 1997 y 2011 bajo influencia internacional «significativa», dijo Teresa Collett, de la Universidad Saint Thomas. Parte de la presión proviene de la «estrategia de litigio estratégico» de militantes abortistas, que ayuda a convencer a las legislaturas y a los jueces de cortes supremas a modificar las leyes teniendo en cuenta las opiniones de expertos de la ONU en derechos humanos como si se tratara de «jurisprudencia», aunque carecen de tal importancia jurídica.

«Cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos vuelva a ver el caso Roe vs. Wade, los militantes abortistas quieren asegurarse de que la mayor cantidad posible de países haya legalizado el aborto», dijo Collett. La corte ya ha tomado en cuenta la jurisprudencia internacional al determinar casos internos. Por ese motivo, y porque la Constitución estadounidense convierte a los tratados en «ley vigente» una vez ratificados, Collett dijo a los becarios que el Congreso estadounidense tiene razón en ser cauteloso en cuanto a la ratificación de cualquier tratado internacional de derechos humanos.

Los organismos regionales de derecho también reinterpretan las obligaciones jurídicas de los gobiernos al «hallar» nuevos derechos en tratados existentes, dijo Paolo Carozza, de la Universidad Notre Dame. Carozza prestó servicio en la principal comisión americana de derechos humanos cuando dicho organismo se sirvió de tácticas cuestionables a fin de presionar a Costa Rica para que legalizara la fecundación in vitro pese al hecho de que se oponía a la constitución nacional.

Carozza y Collett dijeron que siguen siendo optimistas en cuanto a que los organismos de derechos humanos pueden y deben incorporar a miembros capaces de persuadir a sus colegas para que defiendan una interpretación adecuada del derecho y para que no sucumban ante las presiones de intereses particulares. Collett, que colaboró en la preparación de argumentos jurídicos para Costa Rica en el caso de la FIV, instó a los becarios a involucrarse como pudieran, por ejemplo, elaborando de informes de amicus curiae para naciones que intentan defender leyes que protegen la vida humana y la familia.

El programa Edmund Burke Fellowship lleva a estudiantes de derecho y alumnos de posgrado en relaciones internacionales a la oficina ONU de C-FAM para una semana de estudio intensivo y sesiones informativas sobre asuntos de las Naciones Unidas.

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