El Congreso pide a la administración Trump que bloquee los fondos de EE.UU. de las actividades de aborto de la ONU

By Rebecca Oas, Ph.D. | August 21, 2020

WASHINGTON, D.C. 21 de agosto (C-Fam) Sesenta miembros de ambas cámaras del Congreso de los EE.UU. enviaron una carta al jefe en funciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) exhortando a la agencia a no financiar actividades pro-aborto en la ONU.

La carta, encabezada por el senador James Lankford y la representante Cathy McMorris Rodgers, pide a la USAID que haga cumplir la Enmienda Siljander, que prohíbe que los fondos de EE.UU. se utilicen para hacer presión a favor o en contra del aborto.

La carta agradece al director en funciones de USAID, John Barsa, por oponerse al lenguaje sobre los servicios de “salud sexual y reproductiva”, que de manera eufemística incluye el aborto, en el Plan de Respuesta Humanitaria Global COVID-19 de la ONU.  Asimismo, los miembros del Congreso piden a la USAID, y a los Departamentos de Estado y de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, que se opongan al lenguaje sobre “salud reproductiva” en las negociaciones de la ONU y que hagan cumplir la ley que regula el financiamiento de las operaciones en el extranjero, incluyendo la Enmienda Siljander.

La administración Trump ya ha tomado medidas para aplicar Siljander a las instituciones internacionales.  El año pasado, el Secretario de Estado Mike Pompeo retiró los fondos a los organismos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que presionaban a los países latinoamericanos para liberar sus leyes de aborto.

Esa acción se inspiró en una carta similar a Pompeo de los miembros del Congreso, citando ejemplos de los grupos de presión de las entidades de la OEA en materia de aborto.  Desde entonces, las organizaciones pro-vida han pedido que la ley se aplique de la misma manera a la ONU y sus agencias.

La nueva carta bicameral, de fecha 13 de agosto, da ejemplos de organismos de la ONU que promueven el aborto, especialmente en su labor humanitaria, incluyendo un manual de campo que incluye explícitamente “el acceso al aborto seguro en toda la extensión de la ley” como un componente de la “salud sexual y reproductiva en los entornos humanitarios”.

La Enmienda Siljander ha sido parte de la ley de Estados Unidos desde 1981, cuando fue presentada por el Representante Mark Siljander “para sacar al Gobierno de Estados Unidos del negocio de financiar el apoyo, promoción y recomendación del aborto”.  Como es un asunto de ley, no de política, permanece en vigor independientemente del partido que ocupe la presidencia de EE.UU., siempre y cuando no sea revocado por el Congreso.

Además de hacer un llamamiento a la administración Trump para que aplique plenamente la ley en lo que respecta a las actividades de la ONU en favor del aborto, los miembros del Congreso también exhortaron a la administración a que elimine algunas deficiencias críticas en una de sus principales políticas en favor de la vida, conocida como Protección de la Vida en la Asistencia Sanitaria Mundial (Protecting Life in Global Health Assistance, PLGHA), anteriormente conocida como la Política de la Ciudad de México.  Piden que se elimine de la política la excepción para las organizaciones multilaterales: “El dinero de los impuestos de EE.UU. no debe financiar a las organizaciones de la ONU que practican o promueven el aborto como método de planificación familiar a través de contribuciones voluntarias, incluyendo las actividades de salud global”.

A medida que se acercan las elecciones de noviembre en Estados Unidos, los activistas pro-aborto están atacando las leyes que restringen el financiamiento del aborto en Estados Unidos.  Un grupo de organizaciones pro-aborto emitió recientemente sus “primeras prioridades” si el candidato demócrata Joe Biden derrota al presidente Donald Trump en las elecciones, incluyendo la revocación de la Enmienda Helms, que bloquea el financiamiento de EE.UU. para pagar directamente por la provisión o promoción del aborto.

También piden la modificación de la Enmienda Siljander “para sólo prohibir el uso de fondos de EE.UU. para presionar contra el aborto”.

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