El Congreso Quiere Saber a Dónde Van a Parar los Dólares Federales para el Aborto
WASHINGTON D.C., 29 de noviembre (C-Fam) Más de 100 legisladores republicanos pidieron a la oficina Government Accountability Office (GAO) que dé cuentas de todo el dinero federal que pasa a grupos abortivos domésticos e internacionales.
“Una adecuada vigilancia de los fondos y programas públicos es crucial para determinar el valor de los bienes y servicios proporcionados a, y financiados por, los contribuyentes Norteamericanos” escribieron los legisladores republicanos en una carta bicamaral.
La carta se produce sólo unos días después que Elon Musk y Vivek Ramaswamy los co- presidentes del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental del presidente electo Donald Trump hubieron anunciado que US$300 millones de subvenciones federales a Planned Parenthood estaban en la cuerda floja.
Dirigidos por la Senadora Marsha Blackburn (Republicana de Tennessee) y el Representante Chris Smith (Republicano de Nueva Jersey), la carta llevaba el apoyo de 31 senadores y 81 miembros de la Cámara de Representantes incluyendo la mayor parte de los miembros de mayor antigüedad que habrán de dirigir el Congreso N°118; el Dirigente de la Mayoría en el Senado, John Thune (Rebublicano de Dakota del Sur), el Presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (Repubicano de Luisiana), y el Dirigente de la Mayoría en la Cámara de Representantes, Steve Scalise (Repubicano de Luisiana.
Los Miembros pidieron ina cuenta completa de toda financiación dada a proveedores de abortos durante un período de tres años que va de 2022 a 2024. Aquellos que operan en terreno doméstico incluyen a Planned Parenthood y sus afiliadas, así como a FPA Women’s Health, American Women’s Services, All Women’s Health Center, y Whole Women’s Health.
También pidieron cuenta de toda financiación a los gigantes mundiales del aborto, International Planned Parenthood Federation (IPPF) y MSI Reproductive Choices y sus afiliadas. Ambas organizaciones tienen cientos de afiliadas que operan en el África, el sudeste de Asia e Iberoamérica. Los legisladores solicitaron que el informe incluyera todos los montos financiados, las actividades, la agencia fuente del financiamiento y si el receptor recibió asistencia directamente o por conducto de alguna organización primaria.
Escribiendo como editorialistas invitados en una reciente edición del Wall Street Journal, Musk y Ramaswamy delinearon objetivos para eliminar el dispendio y despilfarro federal, incluyendo US$500 miles de millones anuales que “no fueron autorizados por el Congreso o que están siendo usados en formas que el Congreso nunca tuvo la intención de que así se usaran.” Incluidos en esto, escribieron, están US$1,500 millones de subvenciones a organizaciones internacionales y US$300 millones a grupos progresistas como Planned Parenthood.”
Los Recortes a organizaciones internacionales podrían incluir el eliminar el financiamiento al Fondo de Población de la ONU (FPONU), enredada en controversia por su labor de promover el aborto, y su anterior intervención en el programa coercitivo de planificación familiar de China. El financiamiento a la FPONU promedió como US$30 millones por año en financiamiento medular bajo las administraciones Demócratas con asistencia adicional dándose a actividades “voluntarias.” La administración Biden ha aumentado este financiamiento drásticamente con más de US$350 millones para la (FPONU) en 2022 y 2023 sin aprobación del Congreso.
Durante la primera administración del Presidente Trump, él trató de recortar el financiamiento a proveedores de abortos domésticos e internacionales para cesar la complicidad [involuntaria] de los contribuyentes estadounidenses en el aborto.
Cuando Trump accedió a la presidencia en 2017, expandió la Política de la Ciudad de México a toda la salud global, a alrededor de $10 mil millones. Esto evitó que los proveedores de aborto extranjeros recibieran subvenciones de los EUA a menos que abandonaran todas las actividades abortivas. Los grupos abortistas, sin embargo, han movido sus actividades a sectores distintos de la salud global, incluyendo programas humanitarios, climáticos, de aprovisionamiento de agua y salubridad y otros. Los adeptos pro-vida esperan que cuando Trump asuma la presidencia una segunda vez va a extender la Política de la Ciudad de México a toda ayuda exterior, unos $50 mil millones
Los grupos abortistas de todo el mundo, previendo esta acción, han estado expresando su oposición a la aplicación esperada de la Política de la Ciudad de México aun desde antes de la elección. Los grupos abortivos más vociferantes, como IPPF y MSI han manifestado que no acatarán las restricciones al aborto y que privándose de las subvenciones de EUA, la salud de la mujer será impactada, especialmente aquéllas en áreas rurales.
En 2017, IPPF y MSI también se rehusaron a acatar las restricciones de aborto fallándoles a las mujeres a las que habían prometido ayudar lo cual significa que en primer lugar y por encima de todo, el aborto es su actividad primaria. Los grupos abortistas estuvieron entre los críticos más agresivos de la administración Trump durante todo su régimen.
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