Expertos en derechos humanos que defienden la abolición de la prostitución y los grupos abortistas están molestos

By | June 27, 2024

WASHINGTON, D.C., 28 de junio (C-Fam) Sorprendentemente, un experto en derechos humanos de la ONU ha publicado un informe defendiendo la abolición de la prostitución. Además, pide a los países que abolieran la pornografía y criminalicen su posesión y producción.

Reem Alsalem, relatora especial sobre las causas y consecuencias de la violencia contra mujeres y niñas, dijo que la prostitución es un sistema de explotación y abuso que “reduce a las mujeres y las niñas a meras mercancías” y “obstaculiza su capacidad de lograr una verdadera igualdad”.

Ella se niega explícitamente a utilizar el término “trabajo sexual”, ya que “representa erróneamente la prostitución como una actividad tan digna y digna como cualquier otro trabajo”.  De manera similar, se refirió a “víctimas” y “mujeres y niñas prostituidas” en lugar de “trabajadoras sexuales” “en reconocimiento de la magnitud del daño experimentado”.

El informe respalda lo que se ha llamado el “modelo nórdico”, donde las propias personas prostituidas están despenalizadas, pero los compradores de actos sexuales y los proxenetas enfrentan sanciones. Los críticos dirán que legalizar la prostitución, incluso de esta manera, sólo empeora las cosas.

Al señalar los vínculos entre la prostitución y la pornografía, Alsalem pidió a los países que trabajen para abolir la pornografía y “y otras formas de prostitución facilitadas por las plataformas digitales”.  A la espera de su abolición, Alsalem instó a los países a utilizar una verificación estricta de la edad y una moderación rigurosa para las plataformas en línea donde se puede acceder a la pornografía.

Hizo hincapié en la importancia de los servicios de apoyo para ayudar a las mujeres y las niñas a salir de la prostitución, incluidos los “espacios diferenciados por sexo”.

Las organizaciones de “derechos sexuales”, incluida Women Deliver de la ONU, criticaron el informe durante el diálogo interactivo con Alsalem donde se presentó el informe.  La Federación Internacional de Planificación de la Familia emitió un mordaz comunicado de prensa: “Denunciamos en los términos más enérgicos el contenido de este informe y el proceso ideológico que condujo a él”, escriben. “No hay feminismo sin trabajadoras sexuales”.

Mientras tanto, el informe fue aclamado por John Tuason, del Centro Nacional sobre Explotación Sexual, con sede en Estados Unidos, como “innovador” y que contenía “una claridad asombrosa”, quien pidió al sistema de la ONU que lo adoptara.

La fuerte posición de Alsalem contra la prostitución, así como su crítica de algunos aspectos del transgenerismo por ser perjudiciales para las mujeres y las niñas, han sido notables en los últimos años.  Estas cuestiones han dividido al movimiento feminista, y los expertos y agencias de la ONU han avanzado constantemente hacia la normalización del “trabajo sexual” y la promoción de los aspectos más extremos de la ideología de género.

A principios de este año, la principal oficina de derechos humanos de la ONU se opuso a una resolución de la Unión Europea que pedía a los países que penalizaran el proxenetismo y la compra de actos sexuales.  La Dra. Tlaleng Mofokeng, relatora especial sobre el derecho a la salud, ha sido una abierta defensora del “trabajo sexual”.  La OMS, ONUSIDA, UNFPA y PNUD han adoptado la terminología de “trabajo sexual” y han hecho campaña por la despenalización, mientras que la agencia de la mujer de la ONU ha optado por una posición “neutral” más cautelosa sobre el tema.  En este contexto, el informe de Alsalem es un claro caso atípico.

Alsalem no es precisamente  aconservadora. Ella también presentó el informe de su reciente visita a Polonia, que estaba más estrechamente alineado con las posiciones adoptadas por otros expertos y comités de derechos humanos de la ONU. Criticó las restricciones al aborto y pidió una “regulación estricta del uso de la objeción de conciencia”.  Pidió “educación sexual integral en todas las escuelas” y la adopción de “una ley que detalle un procedimiento para el reconocimiento legal del género”, así como la prohibición de las llamadas “terapias de conversión”.

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