Importante bufete de abogados abortista afirma que el aborto financiado por el gobierno es un derecho humano

By Susan Yoshihara, Ph.D.

     (NUEVA YORK – C-FAM)  Un importante bufete de abogados abortista recientemente dio a conocer sus conclusiones por las que sostiene que las tendencias legales internacionales de las últimas décadas indican que el aborto no sólo es un derecho humano internacional, sino que incluye el financiamiento por parte del gobierno. Además, afirma que el «feroz» debate sobre la asistencia médica referente al financiamiento del aborto en los Estados Unidos muestra que este país vulnera abiertamente las leyes internacionales.

     En el documento titulado «Reproductive Rights at the Start of the 21st Century: Global Progress, Yet Backpedaling on Gains in U.S.», el Centro de Derechos Reproductivos (CDR) sostiene que «el financiamiento de los servicios de aborto es reconocido, cada vez más, como una herramienta necesaria para asegurar el acceso a un derecho humano fundamental».

     A fin de respaldar sus afirmaciones, el CDR hace referencia a 21 países europeos, Colombia y Sudáfrica, que subvencionan parcialmente el aborto, y también a Nepal y Ciudad de México, los cuales «suministran fondos para las mujeres pobres como un componente del derecho al aborto en sí mismo».

     En contraposición a ello, afirma el CDR, el «debate reciente sobre la cobertura del seguro para abortos deja plenamente al descubierto que los Estados Unidos no se han mantenido al nivel de las normas internacionales referidas a los derechos de aborto y deben reexaminar sus políticas de financiamiento si han de conservar su liderazgo en materia de derechos de las mujeres y autonomía». El CDR califica de «equivocado» el decreto ejecutivo emitido por el presidente Obama en contra de los abortos financiados por los contribuyentes.

     A modo de respaldo, el estudio retrospectivo presenta dos fallos de tribunales nacionales, uno de Etiopía pronunciado en 2005 y otro emitido por la Corte Constitucional de Colombia en 2006. El resto de los argumentos del CDR está basado en declaraciones no vinculantes realizadas por comités de la ONU, como ser la conclusión del Comité de Derechos Humanos según la cual Perú había violado lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque una mujer había sufrido una «profunda depresión» tras dar a luz a un niño con anencefalia.

     El informe también sostiene que la «planificación familiar se entiende cada vez más en términos de igualdad y no discriminación» y no sólo como una forma de cuidar la salud. Para avalar estas aseveraciones, el CDR cita observaciones no vinculantes del Consejo de Derechos Humanos que datan del año 2000 y otras efectuadas en 2008 por el comité que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

     El informe también asegura que las naciones violan las leyes internacionales cuando tienen altos índices de mortalidad materna. Como prueba, el documento cita una resolución no vinculante emitida por el Consejo de Derechos Humanos en 2009 y hace mención de observaciones efectuadas por órganos que supervisan el cumplimiento de tratados de la ONU.

     Piero Tozzi, Doctor en Jurisprudencia y miembro senior de C-FAM, dijo a Friday Fax que la tendencia mundial, en realidad, se dirige en dirección opuesta a lo que afirma el CDR: «En la década pasada, Polonia, El Salvador y Nicaragua restringieron el aborto. Aproximadamente un año atrás, las constituciones de la República Dominicana y de la mayoría de los estados mejicanos fueron enmendadas para amparar en forma explícita la vida desde la concepción, lo cual también se hizo con el código penal de Timor Oriental. Asimismo, hemos visto que los tribunales constitucionales de Chile y Perú determinaron que la llamada «píldora del día después» atenta contra la protección constitucional de la vida por nacer en aquellos países, debido a sus potenciales efectos abortivos, y que la legislatura hondureña adoptó una resolución similar».

Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano

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