La ONU y Biden utilizan la etiqueta “anti derechos” para castigar a los críticos

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NUEVA YORK, NY 11 de octubre (C-Fam) ¿Oponerse al aborto como derecho humano te convierte en “anti-derechos”? ¿Y oponerse a la ideología de género? Para muchos miembros de la izquierda internacional, la respuesta es un rotundo sí. Y quieren hacer algo con estos grupos “anti-derechos”.

Un nuevo análisis explora cómo en los últimos años este término ha sido promovido por feministas y grupos LGBTQ+ en la ONU y cómo lo están adoptando funcionarios de la ONU y la administración Biden para castigar a los críticos provida y pro familia.

Aunque los derechos humanos se refieren a múltiples temas, la retórica “anti-derechos” está estrechamente vinculada a asuntos de género, sexualidad y reproducción.  La etiqueta “anti-derechos” se aplica casi exclusivamente a las principales voces conservadoras que promueven la soberanía, la defensa de la vida humana en todas sus etapas y la familia tradicional como el mejor lugar para criar a los hijos.  En la medida en que se utiliza para describir a grupos represivos como los talibanes u otros extremistas atípicos, es con el propósito de comparar a los conservadores de la corriente dominante con ellos bajo la denominación de “patriarcado”.

Desde que el aborto y la ideología de género entraron en la política de la ONU hace tres décadas, han sido objeto de fuertes controversias tanto entre los países miembros de la ONU como entre los grupos de la sociedad civil que participan en los procesos de la ONU.  Los intentos de redefinir los derechos humanos para concluir estos elementos controvertidos a través de las vías normales –negociaciones en la Asamblea General o textos de tratados negociados– fracasaron repetidamente.

La frustración de los progresistas se convirtió en pánico al ver la elección de Donald Trump como presidente de EE. UU. y la posterior caída del caso Roe contra Wade, que había hecho del aborto la ley del país durante casi cuarenta años.  Las feministas de la ONU se dieron cuenta de que los movimientos conservadores se estaban volviendo cada vez más organizados, profesionales y exitosos en sus compromisos con las instituciones multilaterales.  Se quejaron del “retroceso”, la “reacción” y los “movimientos anti-derechos” que impedían su progreso.

Como se expone en el nuevo documento, esta retórica se vuelve peligrosa cuando se utiliza para marginar o silenciar a una de las partes de unos argumentos que llevan décadas desarrollándose en contextos políticos tanto nacionales como multilaterales.  Cuando el Secretario General de la ONU publica un informe en el que expresa su preocupación por el hecho de que los canales de participación de la sociedad civil de la ONU “los utilizan actores contrarios a los derechos, que promueven agendas que parecen promover los derechos, pero que en la práctica van en contra de los instrumentos básicos de derechos humanos”, está eligiendo claramente un bando en el debate y apuntando hacia la reducción de esos canales para eludir la libre discusión.

El gobierno de Biden pidió al Departamento de Estado que siguiera “mejorando el seguimiento de los datos y la cartografía de las actividades transnacionales de financiamiento y promoción de los grupos y movimientos anti-derechos para mejorar la información sobre las intervenciones específicas y el compromiso”.  Aunque los objetivos específicos de tales esfuerzos no se definieron detalladamente, está claro que cualquier organización que trabaje en asuntos relacionados con la vida y la familia desde una perspectiva conservadora está en el punto de mira.

La retórica “anti-derechos” se ajusta a un manual ya conocido utilizado por grupos como el Southern Poverty Law Center (Centro Legal para la Pobreza Sureña, SPLC, por sus siglas en inglés), que designa a los principales grupos conservadores sociales como propagadores del “odio”, y cuyas listas de enemigos se han introducido en el trabajo del FBI.  También sigue la tendencia que surgió durante la pandemia del COVID-19 de silenciar las voces disidentes bajo la retórica de la “desinformación”.  En última instancia, el propósito de tales etiquetas no es ganar argumentos políticos importantes, sino impedir que avancen.

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