Rusia propone código de conducta polémico para órganos de tratados de la ONU

By N/A

NUEVA YORK, 26 de abril (C-FAM) Rusia lanzó la semana pasada una iniciativa sin precedentes para inyectar independencia y responsabilidad en nueve comisiones que examinan las prácticas de derechos humanos de las naciones.

Ya hacia fines de los noventa resultaba evidente que las comisiones que supervisan los acuerdos internacionales de derechos humanos necesitaban una reforma. Atrasos e ineficiencias asolan a los órganos de tratados (como se conoce a las comisiones) y la Asamblea General de la ONU está estudiando propuestas para poner a punto el sistema de control.

Rusia propuso un código de conducta en representación de un amplio grupo de estados la semana pasada, durante negociaciones preliminares, e irritó a muchos otros estados miembros. El código exige a las dos docenas de miembros de cada comisión, denominados «expertos», prometer independencia y establece un consejo de ética para examinar su trabajo. La coalición liderada por Rusia, y que proviene de todas las regiones geográficas, considera que el código beneficiará tanto a las comisiones como a los derechos humanos fundamentales.

La administración de la ONU y naciones europeas se opusieron abiertamente al código como intento de amordazar a los órganos de tratados. Ellos prefieren aumentar los recursos disponibles para las comisiones y dejar la reforma al criterio de los propios miembros.

Quienes se oponen al método ruso afirman que los estados deberían hacer que los integrantes de dichos órganos cumplan con sus tareas mediante el procedimiento por el cual se elige a los expertos. Las naciones escogen periódicamente a los miembros de los órganos de tratados por el término de cuatro años. Pero los defensores del código no creen que el proceso de elección haya hecho lo suficiente para preservar la independencia y la imparcialidad de los integrantes de las comisiones.

Lo que les preocupa es que los órganos de tratados han ampliado sus atribuciones sin el consentimiento de los estados. Las comisiones con frecuencia critican las leyes e incluso los proyectos de determinados estados por motivos jurídicos cuestionables y han adoptado engorrosos requisitos de notificación que no estaban contemplados cuando se firmaron los tratados. También aluden a sus opiniones como «jurisprudencia», pese a que carecen de autoridad y a que ellas no son vinculantes para los estados.  

El código propuesto también aborda la enorme influencia de la administración de la ONU y de las organizaciones no gubernamentales sobre los órganos de tratados. Durante los últimos quince años, las comisiones sucumbieron ante las presiones tendientes a promover el aborto a petición y derechos especiales para los homosexuales, a pesar de que ningún  acuerdo de derechos humanos los menciona. La naturaleza de los órganos de tratados agrava la influencia que la administración de la ONU y de las organizaciones no gubernamentales ejercen sobre el seguimiento de los derechos humanos.

Los expertos de los órganos en cuestión no son compensados por su labor y solo pueden dedicar unas pocas semanas del año al análisis de los informes de los estados, lo cual implica que deben depender del criterio y de las opiniones de la administración de la ONU, que ha estado a la cabeza de una campaña internacional en pos del aborto a petición y de derechos para los homosexuales.

La composición de la administración de la ONU no refleja equitativamente a todos los miembros de la Asamblea General y no siempre representa la opinión general de las Naciones Unidas. Más del 40 % del personal que compone la oficina del Alto Comisionado es oriundo de Europa, aunque los países europeos conforman menos del 25% de los miembros de la ONU.

Además, está subvencionada, ante todo, por contribuciones voluntarias, que dan cuenta de poco menos de dos tercios de su presupuesto anual de 600 millones de dólares. Los aportes voluntarios permiten a los donantes destinar dinero para propósitos específicos. La mayor parte de los fondos voluntarios proviene de Estados Unidos y de Europa.

Hasta ahora, la administración de la ONU y los órganos de tratados en sí solo han hecho esfuerzos fragmentados de reforma. La demora en tomar medidas integrales refleja el poder limitado de los órganos, cuya función se reduce a analizar los informes presentados por cada nación. La Asamblea General analizará nuevamente el código propuesto en mayo.