¿Se entromete Biden en la política ajena?
WASHINGTON DC, 10 de mayo (C-Fam) Los miembros del Congreso de Estados Unidos están cada vez más preocupados porque el gobierno de Biden se está entrometiendo en la política interior de Guatemala. Una segunda carta acaba de ser enviada a la administración Biden exigiendo respuestas.
“Funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU. y de USAID no tienen autoridad legítima para presionar para que en Guatemala se produzcan cambios ideológicos que comprometan su Constitución o valores profundamente arraigados relativos a la vida y la familia”, reza la carta dirigida al Secretario de Estado Anthony Blinken y a la administradora de USAID Samantha Power.
Los líderes guatemaltecos creen que el reciente apoyo sin precedentes a las políticas sociales liberales por parte del Congreso guatemalteco, normalmente de tendencia conservadora, se debe a la presión directa y a las amenazas del Departamento de Estado estadounidense. El Congreso guatemalteco está estudiando ahora múltiples proyectos de ley sobre ideología de género y sobre educación sexual integral.
La carta del Congreso de EE.UU. encabezada por los representantes estadounidenses Warren Davidson (R-OH) y María Elvira Salazar (R-FL) denuncia el “uso indebido de la influencia de la Administración en los asuntos legislativos del Congreso guatemalteco”. Se produce después de que la Administración Biden revocara los visados de más de 300 líderes cívicos y gubernamentales conservadores, incluidos miembros de sus familias, alegando actividad “antidemocrática”.
La carta advierte que “la agenda ideológica progresista de la Administración es una preocupación para la seguridad nacional, ya que está aumentando el sentimiento antiamericano en el extranjero, particularmente en las naciones conservadoras.” Los miembros del Congreso de EE.UU. dicen que están “perturbados por los informes sobre la participación de funcionarios del Estado en asuntos guatemaltecos” y que era su deber “ejercer la supervisión de la rama ejecutiva.”
Los congresistas estadounidenses pidieron a Blinken y Power información sobre actividades relacionadas con funcionarios del gobierno de Guatemala. Cuestionaron si se estaba amenazando con sanciones a los miembros conservadores del Congreso guatemalteco que no apoyan la agenda legislativa del nuevo presidente. En la carta se pregunta si las ONG están recibiendo financiación estadounidense para aplicar “cambios ideológicos”, y se pide información sobre las reuniones que funcionarios de Biden, incluido el embajador estadounidense en Guatemala, están manteniendo con miembros guatemaltecos del Congreso.
La carta se hizo pública coincidiendo con el viaje del secretario Blinken a Guatemala esta semana. Se cree que la visita de Blinken muestra apoyo a los recientes intentos del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo de destituir a la actual Fiscal General.
La fiscal general María Consuelo Porras fue nombrada para un segundo mandato por el ex presidente Alejandro Giammattei. Ha sido criticada por poner fin a un “acuerdo anticorrupción” con las Naciones Unidas conocido como CICIG, que contaba con el apoyo de la administración Obama. Sin embargo, algunos senadores y representantes estadounidenses se han pronunciado en contra de las acciones ilegales de la CICIG en Guatemala.
Poco después del anuncio de destituir a la AG Porras, se informó de que miembros del Congreso guatemalteco fueron vistos fuera de la residencia del embajador estadounidense.
Las medidas para destituir a la AG Porras se intensificaron cuando a finales de abril su agencia registró la oficina de la organización no gubernamental internacional Save the Children por denuncias de abusos a menores. El ministerio hizo público un comunicado en el que informaba de que se estaba investigando a Save the Children por tráfico de menores al enviar ilegalmente a niños guatemaltecos a Texas. También se puso en contacto con la fiscalía de Texas para solicitar ayuda en la investigación.
Las políticas fronterizas de la administración Biden han llevado a millones de migrantes centroamericanos a entrar ilegalmente en la frontera sur de Estados Unidos, incluidos niños no acompañados.
Esta es la segunda carta del Congreso relativa a Guatemala en los últimos meses. A principios de abril, una carta del Congreso pedía al presidente Arévalo que resistiera las presiones de la administración Biden para retirarse de un documento intergubernamental a favor de la vida.
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