Según un comité de la ONU, el gobierno debe obligar al personal médico a practicar abortos

By Stefano Gennarini, J.D.

NUEVA YORK, 17 de enero (C-Fam) Un comité de expertos en derechos humanos de la ONU ha pedido a los gobiernos que tomen medidas drásticas contra la objeción de conciencia al aborto por parte de hospitales, médicos, enfermeras y otro personal médico.

En un informe publicado esta semana, el Comité de la ONU contra la discriminación de mujeres y niñas afirma que los gobiernos tienen la obligación internacional de obligar a todos los hospitales a practicar abortos, incluidos los hospitales religiosos. El informe llega a describir la objeción de conciencia institucional como «inadmisible» y una «violación de los derechos humanos».

«Los Estados deben prevenir y reformar las leyes que amplían en exceso la objeción de conciencia y que permiten que las creencias personales sexistas y patriarcales determinen la prestación de asistencia sanitaria», explica el informe.

El equipo de trabajo, compuesto por cinco activistas y académicas feministas, afirma que los derechos de conciencia no se aplican a las instituciones, sino solo a las personas reales, y que incluso en tales casos deben definirse de manera «restrictiva».

«Los Estados deben prohibir la práctica de la objeción de conciencia institucional (incluida la objeción de conciencia institucional de facto), para cumplir con sus obligaciones de garantizar la igualdad de acceso a los servicios de salud», concluyen los expertos en su informe. Esto implica también la obligación de contar con médicos dispuestos a realizar abortos en plantilla, según los expertos. Además, explican que, para garantizar estos requisitos de personal, los hospitales deben poder discriminar a los médicos que profesan creencias religiosas provida.

En todos los casos, afirma el informe, los gobiernos deben «regular estrictamente» el ejercicio de la objeción de conciencia para garantizar el acceso al aborto.

«La objeción de conciencia individual debe estar condicionada a la capacidad del Estado para cumplir con el derecho a la igualdad y los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas dentro de su jurisdicción», se lee en otra conclusión del informe.

Entre las condiciones para ejercer el derecho a la objeción de conciencia, el grupo de trabajo afirma que «para cumplir con el derecho internacional», los médicos que se opongan a realizar un aborto deben remitir siempre sin demora a la madre a un médico dispuesto a realizar el aborto, incluso si va en contra de su conciencia. En caso de «situación de emergencia», los médicos nunca pueden oponerse a realizar un aborto, dice el informe.

Por su parte, las enfermeras y otros trabajadores médicos deben ser obligados a realizar todos y cada uno de los abortos, según las expertas feministas, porque el derecho a la objeción de conciencia solo se aplica a quienes están «directamente involucrados» en la realización del aborto, pero no al resto del personal médico que presta «apoyo auxiliar, administrativo o instrumental».

Además de adoptar leyes y reglamentos tan estrictos, dicho grupo de trabajo afirma que los Estados tienen la obligación de «crear e invertir en sistemas capaces de supervisar el uso de la objeción de conciencia de forma rutinaria y prevenir su abuso». Además, insisten en que cualquier madre a la que se le niegue un aborto debe poder procesar y demandar al gobierno, a los médicos y a los proveedores de servicios médicos. «La denegación del aborto no es aceptable, ya que el derecho a un aborto seguro y legal está protegido por el derecho internacional».

El comité explica que las estrictas normas para limitar el ejercicio de la objeción de conciencia son necesarias para «afirmar el derecho al aborto seguro y legal, incluida la atención del aborto, y reconocer la autonomía de la mujer» y para combatir los obstáculos al aborto derivados de «estereotipos de género perjudiciales y actitudes sexistas».

El grupo de trabajo también afirma que los gobiernos tienen la obligación de despenalizar el aborto en todas las circunstancias para asegurarse de que los médicos no se vean inhibidos por el miedo a ser procesados penalmente por un aborto ilegal. «Sin esa certeza, los médicos pueden invocar la objeción de conciencia para evitar la responsabilidad legal por practicar un aborto».

Se cuestiona la afirmación de que el aborto es un derecho internacional. Ningún tratado internacional de derechos humanos ampliamente ratificado incluye el derecho al aborto, ni de forma expresa ni implícita.

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