Gobiernos europeos, cada vez más atrevidos al exigir el derecho al aborto
NEW YORK, 1 de abril (C-Fam) Desde hace décadas el aborto se encuentra entre los asuntos más polémicos de las Naciones Unidas. No obstante, rara vez se lo menciona por su nombre y se alude a él en frases como «salud reproductiva» o «derechos reproductivos».
Eso cambió la semana pasada. Los gobiernos de Francia, Dinamarca y Suecia abandonaron los eufemismos y declararon que el aborto es «condición esencial» para la plena materialización de los derechos de la mujer en una reunión, durante la sesión anual de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.
El título de la reunión dejaba de lado toda ambigüedad: «Acceso al aborto y autonomía física: consecución del derecho humano de la mujer». El moderador fue el director de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF, por sus siglas en inglés), organización que vende la explotación sexual como libertad y saca provecho de las consecuencias médicas.
«Siempre he dicho que, si fueran los hombres los que se embarazan, estoy seguro que hace doscientos años que el aborto hubiera sido legal», dijo bromeando el Presidente de IPPF, Tewodros Melesse.
Melesse sostuvo que ser proabortista es ser provida. «Nos preocupamos por la vida de la mujer y del niño que viene, si están enfermos, como el zika, lo que estamos escuchando, o arrojados a la calle, o secuestrados, o asesinados. Queremos que todos estén vivos, saludables y productivos, y sean iguales a toda la humanidad. Nos atrevemos a hablar del aborto».
Pese a esta nueva transparencia, a los panelistas (militantes a favor del aborto y delegados de los países europeos auspiciantes) se les ahorró cualquier cuestionamiento agudo. Se recogieron por anticipado las preguntas escritas en tarjetas «para escuchar a una mayoría, no a unos pocos», según Melesse, indicando su desinterés en abrir un debate.
Una estadística merecía ser cuestionada. Varios expositores dijeron que el 13% de las muertes maternas se deben al aborto «riesgoso», afirmación que fue desmentida por la Organización Mundial de la Salud, que coloca la cifra en un 8%.
En el centro de la reunión hubo una clara contradicción: aunque los panelistas aseguraron que el acceso al aborto es un derecho humano fundamental, al mismo tiempo pedían a las naciones que promulgaran un derecho universal al aborto que hasta ahora no se ha materializado.
Laurence Rossignol, ministra francesa para la mujer y la familia, pidió «debates con los países reticentes» sobre el aborto en casos de violación, incesto o malformación fetal. Segundos más tarde, dejó de hablar de excepciones y exigió que los países se comprometieran con la «lucha por el derecho universal al aborto».
Åsa Regnér recordó el intento fallido de creación del derecho al aborto en las conferencias de la ONU celebradas en El Cairo y Beijing a mediados de la década de los noventa. «Es una vergüenza que no podamos abrir nuevamente las conferencias mundiales», dijo la ministra sueca de igualdad de género, «porque la resistencia es lo grande que es, en especial cuando hablamos de salud y derechos sexuales y reproductivos, y particularmente cuando hablamos de aborto».
Los líderes religiosos se encuentran entre los opositores más acérrimos al aborto, dijeron varios panelistas, y pretendieron aclararles las cosas. «Jamás fui [religioso]» —sostuvo Melesse—, «pero conozco de religión».
«No hay religión que diga que el [aborto] es un pecado, que diga que el pecador debe ir al infierno. Siempre hay misericordia en cualquier religión», afirmó. «Un cuerpo muerto, un alma muerta no pueden ser convertidos a ninguna religión».
Ni Melesse ni sus compañeros de panel abordaron el derecho a la objeción de conciencia de los trabajadores de la salud cuyas almas serían igualmente puestas en peligro por participar de un acto que ellos consideran pecaminoso. Las preguntas al respecto por parte de «unos pocos» de la audiencia no fueron seleccionadas para el debate.
Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano
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