Cuando se Rinden los Países: Evidencia de una Base de Datos sobre Derechos Humanos

By Rebecca Oas, Ph.D.

WASHINGTON, D.C. 11 de julio (C-Fam) La nueva base de datos de C-Fam muestra cómo no disminuye la presión ejercida sobre países pro-vida luego de que han permitido el aborto. Aumenta hasta que permiten el aborto sobre pedido y ellos mismos se convierten en radicales partidarios del aborto.

Esta semana, el comité que monitorea el tratado de la ONU sobre la discriminación contra la mujer publicó sus informes sobre diez países que lo habían ratificado. Entre ellos, dos que habían tenido vigorosas leyes pro-vida pero en años recientes las han derogado: Irlanda y México.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDM) tiene una larga historia de ejercer presión sobre ambos países para que liberalicen sus leyes sobre el aborto. En 1999 y 2005 pidió a Irlanda que facilitara un diálogo nacional sobre el cambio de sus restricciones y en 2017 exigió que la octava enmienda de la constitución de Irlanda fuera enmendada para permitir el aborto así como para legalizar el aborto fundamentado en cualquiera de extendidos motivos y despenalizarlo en todos los casos.

Irlanda derogó sus protecciones constitucionales de los no nacidos en 2018. Sin embargo, el CEDM sigue presionando a Irlanda a que vaya más lejos. Ve bien que Irlanda haya aprobado la ley que legaliza el aborto, pero expresa su preocupación sobre la carencia de servicios abortivos, la práctica de objeción de conciencia al aborto por personal dedicado al cuidado de la salud y el estigma que sigue prevaleciendo hacia el aborto. Pide a Irlanda que “considere la posibilidad de despenalizar plenamente el aborto y de abolir el período obligatorio de espera de tres días.”

La Suprema Corte de Justicia de México despenalizó el aborto a nivel federal en 2021. El Comité CEDM había estado pidiendo esto desde 1998. Ahora le está diciendo a México que armonice sus leyes sobre el aborto en todos los distintos estados mexicanos con el fin de asegurar el acceso legal al aborto.

En su reciente revisión, el Comité expresó su satisfacción por la decisión de la Suprema Corte, pero observó que todavía nueve estados penalizan el aborto. Reiteró su llamado a “armonizar las disposiciones de las leyes penales mediante avances legislativos sobre el acceso al aborto,”  rechazar casos presentados contra mujeres acusadas de haber llevado a cabo abortos ilegales y “abordar el estigma y la resistencia de prestadores de servicios de salud mediante capacitación obligatoria”

Antes de modificar sus leyes, tanto Irlanda como México habían resistido la presión de los expertos en derechos humanos de la ONU, citando su soberanía nacional y señalando el acuerdo de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo que sostenía que el aborto no es objeto de un derecho humano internacional, sino un tema a ser considerado por los gobiernos nacionales.

Una vez que las leyes de México y de Irlanda permitieron el aborto, sus gobiernos empezaron a promover el aborto como cuestión de derechos humanos internacionales. Ambos países no solamente abandonaron sus protecciones legales de los concebidos que aún no han nacido sino también abandonaron su postura de que el tema del aborto es una cuestión de soberanía de la nación, No perdieron el tiempo para comenzar a poner presión sobre otras naciones de la misma forma como ellas habían sido presionadas

La base de datos de derechos humanos de C-Fam demuestra cómo la Revisión Universal Periódica (RPU) mediante la cual los países evalúan el historial de respeto de los derechos humanos por otro países, Irlanda pidió a Costa Rica y a la República Dominicana que despenalizaran el aborto, y  también pusieron presión sobre El Salvador y Malta.

México ha utilizado la RPU para promover el aborto como derecho, presionando hasta ahora a diecisiete países en el actual cuarto ciclo de RPU, incluyendo a las Bahamas, el Ecuador, El Salvador, Nigeria, y Tuvalu. México pidió a Rumanía que asegurara el acceso al aborto “seguro” y a la educación sexual integral. Pidió al Japón que eliminara el requisito de consentimiento del padre del aún no nacido y al Uruguay que asegurara que las mujeres puedan tener acceso al aborto independientemente de su estatus migratorio.

Los nuevos informes del Comité para la Eliminación de Discriminación Contra la Mujer será agregado a la base de datos de C-Fam cuando se publiquen las versiones finales; están ahora disponibles en forma de borrador.

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