¿Recibió el SPLC fondos federales?

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WASHINGTON D.C., 1 de mayo (C-Fam) El SPLC afirma explícitamente que no recibe financiación gubernamental, sino que se ha sustentado con su patrimonio y las donaciones. Sin embargo, algunos informes revelan que, antes de su disolución, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) otorgó más de 27 millones de dólares en subvenciones a la red Tides, que colabora con el SPLC en una iniciativa llamada “Vote Your Voice” dirigida a los estados del sur de Estados Unidos.

Tides ha insistido en que sus subvenciones de USAID se utilizaron exclusivamente para proyectos internacionales y describe su relación con SPLC como una colaboración, no como una simple subvención. Sin embargo, dada la fungibilidad del dinero, el auge de las redes de financiación opaca en general y el hecho de que Tides haya recibido más de 40 millones de dólares de las Fundaciones Open Society de George Soros entre 2020 y 2023, ha suscitado críticas por parte de los conservadores.

El SPLC describe la iniciativa “Vote Your Voice”, un programa de diez años y 100 millones de dólares, como una forma de apoyar a “organizaciones sin fines de lucro no partidistas que trabajan para promover la plena participación electoral y una representación justa en el sur profundo”. Dado que el SPLC también se describe a sí mismo como una “organización sin fines de lucro no partidista”, no sorprende que los objetivos específicos de la iniciativa incluyan oponerse a los esfuerzos respaldados por los republicanos, como los requisitos de identificación de votantes, al tiempo que apoya las campañas lideradas por los demócratas para otorgar el derecho al voto a los delincuentes.

Además de su vínculo con la ahora desaparecida USAID, el SPLC se ha interesado por la defensa internacional, intentando ejercer presión por parte de expertos y comités de derechos humanos de la ONU contra el gobierno de Estados Unidos.

El SPLC no tiene estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU, pero aún puede participar como observador externo en diversos procesos de derechos humanos de la ONU, incluido el trabajo de los órganos de supervisión de tratados cuando supervisan periódicamente a los Estados Unidos.

En 2024, el SPLC envió un informe al Experto Independiente de la ONU sobre Orientación Sexual e Identidad de Género criticando las restricciones a los procedimientos médicos de “afirmación de género”, los requisitos de notificación a los padres cuando un niño en la escuela se identifica “con un género distinto al asignado al nacer” y las “campañas para desmantelar… los derechos de las personas embarazadas”.

En 2022, el SPLC presentó un informe al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que supervisa la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por Estados Unidos. El SPLC solicitó al comité que recomendara a Estados Unidos “la adopción de legislación federal o una enmienda constitucional que proteja el derecho al aborto seguro y legal y a la atención relacionada en todos los estados y territorios estadounidenses”, argumentando que las restricciones al aborto afectan de manera desproporcionada a las minorías raciales.

 

Abortion and gender ideology are not in the texts of any multilateral treaty, including those ratified by the U.S, and the opinions of UN human rights experts and expert groups do not create binding human rights obligations.  It was by pointing out this fact that C-Fam, the publisher of the Friday Fax, first made its way onto the SPLC’s list of “hate groups”—alongside many other mainstream conservative organizations.

El aborto y la ideología de género no figuran en los textos de ningún tratado multilateral, incluidos los ratificados por Estados Unidos, y las opiniones de los expertos y grupos de expertos en derechos humanos de la ONU no crean obligaciones vinculantes en materia de derechos humanos. Fue precisamente al señalar este hecho que C-Fam, la editorial de Friday Fax, entró por primera vez en la lista de «grupos de odio» del SPLC, junto con muchas otras organizaciones conservadoras convencionales.

Independientemente del resultado de las actuales acusaciones federales, la opinión pública sostiene cada vez más que el SPLC ha renunciado a cualquier pretensión de ser un árbitro imparcial del odio o el extremismo, y mucho menos de los derechos humanos.

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