Expertos afirman que el Secretario de Estado está equivocado sobre un tratado de la ONU

By Susan Yoshihara, Ph.D. | 2013

WASHINGTON D.C., Nov 28 (C-FAM) En una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, dos expertos en derecho cuestionaron los principales argumentos del gobierno de Obama para la ratificación del Tratado sobre las personas con discapacidad y dijeron que incluso podría obstaculizar el progreso para las personas en el extranjero.

El secretario de Estado John Kerry dijo: «Nuestra ratificación no exige ni un cambio en la legislación estadounidense y no sumará ni un centavo a nuestro presupuesto». Jeremy Rabkin discrepó diciendo: «La ratificación de esta convención comprometería a Estados Unidos a obligaciones que ahora no podemos prever». Rabkin es profesor de derecho en la Universidad George Mason.

Durante su testimonio, en tres oportunidades Kerry destacó que la incorporación al tratado daría lugar a que otros países instalaran cosas como «rampas en las aceras, rampas de acceso, plataformas elevadoras para autobuses, baños accesibles, bandas táctiles, alarmas contra incendios con luces intermitentes y todos los demás avances» para facilitar las cosas a los estadounidenses que trabajan, estudian y los viajan en el extranjero.

Rabkin planteó el problema de cómo un programa de estas características podría empeorar la situación de las personas discapacitadas en el extranjero al desviar la atención de necesidades básicas urgentes. «¿Realmente queremos insistir en que la comodidad de los estadounidenses de viaje debe tener prioridad sobre las necesidades básicas humanas de los países en desarrollo?» preguntó Rabkin. El dinero para este fin puede implicar menos dinero para las escuelas en países con alfabetización limitada, menos dinero para programas de vacunación en países que aún enfrentan enfermedades epidémicas, menos dinero para programas alimentarios en países con desnutrición masiva».

Uno de los principales argumentos del secretario Kerry era que el liderazgo estadounidense en el asunto «peligraría» y que Estados Unidos se mantendría «al margen» al negarse a ratificar la convención. Curtis Bradley desestimó la amenaza diciendo: «No tengo duda de que Estados Unidos seguirá siendo líder mundial en estos asuntos independientemente de si se une a la Convención sobre discapacidad». Bradley es profesor de derecho en la Universidad Duke.

Durante la primera audiencia del 5 de noviembre, especialistas respondieron a preguntas sobre si sería posible efectuar declaraciones al momento de la ratificación para garantizar que Estados Unidos quedara «inmunizado» de tener que introducir cambios a la legislación interna. En la audiencia del jueves, los expertos abordaron el problema de cómo podrían anularse declaraciones de ese tipo.

Sorprendentemente, ninguno de los presentes en audiencia estaba seguro. Cuando el copresidente de la reunión, el Senador Corker, preguntó al Secretario de Estado si tales declaraciones de protección podrían ser eliminadas por un decreto presidencial, este parecía confundido. Tras algunos intentos de formular una respuesta, Kerry finalmente dijo que debía averiguarlo.

Bradley argumentó que es posible que el Presidente pueda eliminar una reserva con un trazo de su lapicera. Propuso que el Senado incluyera una reserva que exigiera una votación de dos tercios del Senado para cancelarla. No quedó claro si una reserva de tales características también podría ser eliminada por orden presidencial. La Corte Suprema pasó completamente por alto una salvedad de ese tipo en el fallo de Roper contra Simmons al citar precisamente parte de un tratado de la ONU sobre la que Estados Unidos había efectuado una reserva.

El Secretario Kerry dijo que el gobierno de Obama está «cien por ciento entregado» a esa clase de declaraciones para hacer que el tratado se apruebe en el Congreso. El senador Corker refutó esta postura diciendo que «El gobierno hasta ahora no ha demostrado disposición» para abordar tales inquietudes.

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