Activista homosexual encabezará organización europea de derechos

By Susan Yoshihara, Ph.D. | 2015

NUEVA YORK, 9 de octubre (C-Fam) El órgano consultivo oficial de derechos humanos de la Unión Europea designó como director a un destacado activista de derechos homosexuales esta semana, con lo cual señala una postura más agresiva en contra de las leyes y políticas europeas que protegen la familia natural.

Michael O’Flaherty, profesor de derechos humanos de la Universidad de Nottingham, Reino Unido, y sacerdote católico reducido al estado laical, fue elegido por un periodo de cinco años en la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA, por sus siglas en inglés), renovable por tres años.

O’Flaherty fue el representante irlandés ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU entre 2004 y 2012. Aprovechó su cargo en las Naciones Unidas para escribir en coautoría el polémico documento de 2006 denominado «Principios de Yogyakarta», que reinterpreta tratados de la ONU con nuevas obligaciones basadas en la «orientación sexual e identidad de género».

Aunque no es vinculante para las naciones, los activistas lo han usado para apuntar a las leyes que protegen el matrimonio natural. En los años previos a la legalización del matrimonio homosexual en Argentina en 2010, los Principios de Yogyakarta fueron citados en siete leyes promulgadas o en tramitación, y en cuatro resoluciones del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), según un trabajo elaborado en 2010 por Paula Ettelbrick y Alia Trabucco Zerán. Las autoras detectaron un amplio uso de las definiciones de los términos «identidad de género» y «orientación sexual» que figuran en el documento, e incluso su adopción por parte de órganos de las Naciones Unidas que supervisan los derechos humanos, organismos de la ONU, ministerios gubernamentales de Ecuador, Uruguay y Canadá, y hallaron tribunales que citaban los Principios de Yogyakarta en resoluciones jurídicas de la India, Nepal y Filipinas.

La FRA se promociona como un grupo de expertos neutral que proporciona información, encuestas, manuales y estudios de las ciencias sociales a instituciones europeas, gobiernos, comités nacionales de derechos humanos y organismos internacionales como la ONU. La agencia, cuya sede se encuentra en Viena, cuenta con 105 empleados y con un presupuesto anual de 21 millones de euros (24 millones de dólares) financiados por la Unión Europea (UE). Algunos gobiernos cuestionaron su creación en 2007, dado que una agencia de la UE ya supervisaba la cuestión de los derechos humanos.

Preocupa a los críticos el hecho de que la FRA es demasiado agresiva en la promoción de asuntos sexuales, por encima de sus otras prioridades. Se supone que la agencia debe hacer observaciones sobre temáticas amplias, como ser los inmigrantes, los niños y las víctimas del delito, y no, sobre casos nacionales particulares.

No obstante, intervino en el pasado, por ejemplo, cuando condenó una ley de Lituania que protegía a los niños de la propaganda homosexual. Cuando el Parlamento Europeo solicitó su opinión sobre un proyecto de ley europeo en contra de la discriminación basada en la «orientación sexual e identidad de género» en las contrataciones y la atención médica, la FRA fue mucho más allá.

Dijo que la legislación de la UE debería interpretarse a fin de hacer responsables a los países (en los que no existe la unión civil o legislación sobre el «matrimonio gay») de tratar a las personas que son parte de estos acuerdos como parejas casadas. Asimismo, exigió «órganos de igualdad» nacionales y obligatorios, dotados de «funciones cuasi resolutorias» que podrían emitir «sanciones u órdenes vinculantes, sujetas a evaluación por tribunales» y reglamentación europea que convertiría el «discurso homofóbico de odio en delito penal».

En 2012, la agencia llevó a cabo lo que exalta como el estudio más grande de todos los tiempos sobre discriminación de homosexuales, que incluye a 93000 encuestados. Sus críticos señalan que este se basa en entrevistas no verificables, anónimas, en línea, y que excluye a todo encuestado que no se identifica como «LGBT». No obstante, el estudio sigue informando documentos que el Parlamento Europeo utiliza para regular políticas.

Algunos críticos de la FRA ven un lado bueno en el nombramiento de O’Flaherty.

«En realidad, pienso que es un buen acontecimiento, en el sentido de que con este hombre como director nadie podrá fingir que la FRA es una institución que tiene que tomarse en serio», dijo a Friday Fax Jakob Cornides.

El experto jurídico europeo añadió: «Así que, sí, las cosas se volverán más difíciles… para la FRA».

Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano

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