ANALISIS: El Proyecto de Ley de Derechos Reproductivos de los demócratas respalda la campaña global para los derechos del aborto.

By Stefano Gennarini, J.D. | February 4, 2019

WASHINGTON D.C., 25 de enero (C-Fam) Un proyecto de ley introducido por los Demócratas en la Cámara en diciembre para promover los “derechos reproductivos” como “derechos humanos” expone la alianza de izquierdas con la industria global del aborto para socavar los esfuerzos pro-vida de la administración Trump.

La ley no parece estar abiertamente a favor de expandir el derecho al aborto pero, para aquellos familiarizados con la campana a favor del  derecho internacional al aborto, la propuesta es un flagrante empeño en secuestrar la ley estadounidense para fabricar evidencias a favor de un derecho internacional al aborto.

Si se adoptara como ley, el Proyecto sería usado por jueces activistas de EE.UU. y de cortes extranjeras  para reclamar la existencia del derecho humano al aborto basado en el respaldo explícito de las opinions de expertos de la ONU para tal efecto por parte de los legisladores de EE.UU.

Los Derechos Reproductivos se encuentran en la ley de Derechos Humanos, o H.R. 7228, que adopta una directiva burocrática para que el Departamento de Estado incluya una sección sobre “derechos reproductivos” en su informe anual de EE.UU., un informe ampliamente leído sobre la situación de los derechos humanos en todos los países, aunque los legisladores pro-vida no deberían ser embaucados por ello.

Detrás del limitado efecto del Proyecto, las mentiras intentan manipular el Congreso norteamericano para que adopte una ley que reconoce implícitamente el aborto como derecho humano.

La idea es conseguir que jueces activistas y burócratas en todo el mundo declaren la existencia de un derecho internacional al aborto en el marco del derecho internacional consuetudinario basado en la opinion de expertos de la ONU y en el respaldo de quienes mantienen las mismas opiniones en las legislaciones nacionales. Esta iniciativa se ampara en una teoría legal conocida como derecho consuetudinario internacional.

El Proyecto está redactado evasivamente, pretendiendo ser sobre el registro de países que implementan el acuerdo de la ONU de 1994, la Conferencia sobre Población y Desarrollo, que consagró “la salud sexual y reproductiva” y los “derechos reproductivos” como compromisos de la política global. Requeriría que el Departamento de Estado informara sobre indicadores como el acceso a la contracepción, cambios en las leyes abortivas, y actuaciones en salud maternal.

De forma reveladora, la ley no incluye las advertencies sobre el aborto adoptadas por la Asamblea General en la Conferencia de la ONU de 1994. Las advertencias descartaban un derecho internacional al aborto y lo consideraban de modo negativo.

Y, lo que es aún más preocupante, la ley requiere expresamente que el acuerdo de 1994 sea leído a la luz de la “Observación General 36”, una observación legal recientemente adoptada por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU que afirma que el derecho al aborto es parte del derecho a la vida bajo el tratado de derechos civiles de la ONU, ratificado por los EE.UU. en 1991.

Los partidarios del aborto internacional han estado intentando erosionar e ignorar a los partidarios del aborto del acuerdo de la ONU de 1994 durante casi una década, con un éxito muy limitado. Una ley de EE.UU. que apoya la Conferencia de 1994 sin partidarios del aborto, y una referencia a la Observación 36 especificamente, sería una hazaña para el lobby abortista, y una formidable evidencia a favor de un derecho humano al aborto consuetudinario.

Los demócratas apoyaron la ley como reacción a una decision de la administración Trump el año pasado para no incluir una sección del informe del Departaemnteo de Estado sobre Derechos Humanos sobre “derechos reproductivos” internacionales. La administración Trump lo reemplazó por una sección sobre medidas restrictivas acerca de la planificación familiar basadas en la ley de EE.UU. en lugar de los acuerdos internacionales no vinculantes.

La ley, respaldada por el gigante abortista Planned Parenthood y el Centro para los Derechos Reproductivos, se espera que sea reintroducida en el nuevo Congreso controlado por los demócratas.