C-Fam testifica en audiencia del Congreso sobre derechos de los padres
By Lisa Correnti | 2014
El martes, Michael Farris, de la asociación Home School Legal Defense Association; Catherine Ross, de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington y Wendy Wright, del instituto Center for Family and Human Rights testificaron ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos acerca de la propuesta de una enmienda constitucional referida a los derechos de la patria potestad.
WASHINGTON, D.C., 12 de septiembre (C-Fam) La comisión judicial de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos estudió la necesidad de una reforma constitucional para proteger los derechos inherentes a la patria potestad de la intrusión del gobierno debida en parte a normas que se filtran desde la ONU.
«La amenaza a los derechos de la patria potestad mediante la evolución de acuerdos de la ONU es deliberada», sostuvo Wendy Wright al testificar en una audiencia de la subcomisión de asuntos constitucionales de la Cámara de Representantes. «Su perspectiva», observó, es «el abordaje de los derechos del niño que aísla a los niños como autónomos y considera que los padres infringen sus derechos».
Wright, Vicepresidente de C-Fam, explicó cómo los tratados de las Naciones Unidas son redefinidos por comités de supervisión de dichos acuerdos de la Organización, que están impulsados por un plan. Estos han adquirido mala fama por malinterpretar lo que los gobiernos negociaron y acordaron cuidadosamente.
«Aun más alarmante es que los funcionarios del gobierno den credibilidad» a estas opiniones «que amenazan derechos consolidados», afirmó Wright.
El diputado Trent Franks convocó a la audiencia del martes a fin de considerar una resolución sobre una enmienda constitucional que protege los derechos que emanan de la patria potestad.
En su discurso de apertura, Franks esbozó cómo los tribunales se han apartado del concepto de que los derechos de los padres son fundamentales citando el caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos Troxel v. Granville. Aunque una mayoría relativa de cuatro jueces calificó de históricamente fundamentales los derechos de la patria potestad, «no realizó un estricto y minucioso análisis, que es la norma de evaluación que utilizan los tribunales en casos que involucran derechos fundamentales».
Estados Unidos se está convirtiendo rápidamente en un país «donde el gobierno es lo primero y después vienen los padres», dijo Michael Farris, arquitecto de la Enmienda sobre Derechos de la Patria Potestad. Farris ha litigado en múltiples juicios defendiendo el derecho de los padres como presuntas autoridades en la toma de decisiones por sus hijos.
En toda la nación se dice a los padres que la ley federal les prohíbe acompañar a sus hijos a consultas médicas, dijo Farris. California y Nueva Jersey han proscrito el derecho de los padres a procurar terapia para sus hijos que sienten atracción por personas del mismo sexo. El fallo Troxel, sostuvo Farris, ha generado una confusión que da cabida a que el gobierno se entrometa en una serie de decisiones de los padres.
«Los derechos de la patria potestad no son absolutos», dijo Catherine Ross, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington. Los tribunales deben considerar intereses imperiosos, continuó diciendo, como en áreas del aborto y de la expresión.
El presidente Franks disintió de Ross. «Sra. Ross, ¿por qué habrían de tener los niños derecho al aborto, pero no derecho a ser protegidos de él?».
El área de los derechos sexuales y reproductivos es lo que enfrenta a los hijos con sus padres, conforme a los ejemplos provistos por Wright. La Comisión de los Derechos del Niño decidió que los niños tienen derechos sexuales y reproductivos y que deberían obtener servicios sin el consentimiento de los padres. Unicef ha dicho lo mismo. «Esto confiere mayor autoridad a los adultos que ofrecen tales servicios que a los padres», manifestó.
Wright puso el ejemplo de un miembro de un órgano creado en virtud de un tratado que admitió que se valía de su puesto para promover el aborto, a la vez que reconoció que sus opiniones carecen de autoridad. Ellos lanzan opiniones «al aire y esperan que otros las recojan» para usarlas en litigios con el objeto de «denunciar públicamente» y exigir indemnizaciones.
La profesora Ross describió el enfoque a partir de los derechos del niño al explicar el derecho de los gobiernos a formar a los menores: «Esta enmienda pone en peligro las tradiciones patrióticas de nuestros padres, en las que el estado tiene su propio interés en asegurarse que la próxima generación de ciudadanos sea criada en forma segura, se mantenga sana y reciba la educación que nuestros ciudadanos necesitan».
Ross reconoció que es precisamente la desintegración de la familia (con 40 % de los niños que nacen fuera del matrimonio) lo que justifica la intervención del gobierno porque los padres divorciados a menudo disienten sobre cuál es el interés superior del niño.
El diputado Franks resumió la audiencia diciendo que la principal pregunta en cuestión es quién tiene el derecho primario y fundamental de inculcar principios y verdades a nuestros hijos. Sería mejor que decidiéramos con cuidado, dijo, porque las consecuencias son de una gravedad significativa.
Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano
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