Comisión de la ONU arrolla intereses pro-vida y familia

By Stefano Gennarini, J.D. | 2016

NUEVA YORK, 22 de abril (C-Fam) Tras concluir extraordinariamente temprano las negociaciones el pasado viernes, la Comisión de Población y Desarrollo de la ONU optó por abrazar la ambigüedad en cuestiones sociales divisivas, en una resolución sobre la necesidad de datos precisos para medir avances en la política de desarrollo de las Naciones Unidas.

En la sesión anual de la comisión se eligió un lenguaje que podría ser interpretado dentro del sistema de la ONU como una licencia para promover los derechos homosexuales, el derecho al aborto y otras políticas sociales controvertidas pese a insistentes pedidos de que los términos polémicos se cimentaran en el contexto de acuerdos previos que excluyeron estas ideas.

Esto sucede en un momento de inestabilidad, mientras el sistema de la ONU intensifica la presión para hacer que los países cedan en temas polémicos a instancias de naciones desarrolladas poderosas.

Para prevenir ambigüedades, la Asamblea General y otras comisiones de las Naciones Unidas limitan términos tales como «salud sexual y reproductiva» y «derechos reproductivos» haciendo referencia a una conferencia de la ONU celebrada en 1994, en la cual se evitó que el aborto se convirtiera en derecho internacional, y que excluye las nociones de derechos homosexuales y sexuales.  Esto sucedió tan solo el mes pasado durante la sesión de la comisión de la ONU que trata sobre la condición jurídica y social de la mujer. La Comisión de Población y Desarrollo, que sesiona cada año en abril, también acotó ambos términos en el pasado.

Esta vez, en vez de fundar dichas expresiones en acuerdos previos, la comisión decidió dejarlas sin aclarar.

Según se informa, se apaciguó a los países que normalmente insisten en suprimir o aclarar esos términos garantizándoles que no había necesidad de acotaciones, ya que solo podrían ser interpretados en el contexto de la Conferencia sobre la población y el desarrollo de 1994.

Para sosegarles aún más, Estados Unidos y la Unión Europea admitieron un párrafo muy disputado que reconoce la prerrogativa soberana de los estados de implementar la política de la ONU en conformidad con las prioridades, cultura y religión nacionales.

A cambio, los países desarrollados que impulsan la agenda sexual excluyeron referencias expresas a la «educación sexual integral» que desbarataron la sesión de la comisión el año pasado, o términos indefinidos sobre discriminación que serían interpretados como inclusivos de la orientación sexual como categoría del derecho de los derechos humanos.

A la larga, es probable que la compensación favorezca a los partidarios de la agenda sexual, ya que es posible que otros elementos de la resolución supriman estos beneficios.

En particular, la resolución parece refrendar «revisiones» de la conferencia de 1994 no especificadas y efectuadas por la burocracia de la ONU, que amplían el mencionado acuerdo a fin de incluir precisamente los elementos polémicos que él excluyó.

Las palabras usadas en la resolución abren de forma ambigua la puerta a acuerdos que organismos de la ONU tramaron deliberadamente fuera del marco normativo de la Carta de las Naciones Unidas, para generar apoyo a políticas sociales polémicas que jamás se enarbolarían en su sede. Ahora están solicitando a los miembros de la ONU que ratifiquen estos acuerdos sin negociar su contenido.

Esto subvierte el modo en el que solo los acuerdos negociados por los estados miembros en el contexto de los órganos de la Carta de las Naciones Unidas pueden ofrecer orientación normativa para todo el sistema de la Organización.

A fin de evitar esta confusión, acuerdos recientes aludieron, en cambio, a «los documentos finales de las conferencias de examen», frase menos ambigua que puede interpretarse como referida solo a los acuerdos de la Asamblea General.

Rusia fue uno de los pocos países que manifestó decepción ante el resultado. Los países estaban «imponiendo su propia agenda» mediante «términos con interpretaciones vagas y arbitrarias», y demostraron ser «ciegos y sordos» a otras posturas, dijo la delegación cuando se aprobó la resolución.

Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano

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