¿Comité de la ONU deja la puerta abierta a más juicios contra la Iglesia?

By Stefano Gennarini, J.D. | 2014

 

NUEVA YORK, 30 de mayo (C-FAM) Se abrieron nuevas posibilidades para abogados demandantes la semana pasada, cuando un comité de la ONU dijo al Vaticano que el abuso sexual por miembros del clero constituye tortura.

Si un caso de abuso sexual por un clérigo es tortura «constituye una determinación puntual que debe hacerse según cada caso», dijo un miembro del comité de la ONU contra la tortura el viernes. Este comentario equivale a una bandera a cuadros para los abogados que compiten por encontrar nuevas vías para demandar a la Iglesia Católica. 

La determinación de que la acción ilícita constituye tortura podría tener consecuencias trascendentales en países donde se considera que la tortura es un crimen de lesa humanidad no sujeto a leyes de prescripción. Podría ser especialmente significativo en países donde las teorías jurídicas modernas tienen mucha influencia y el derecho internacional es autoaplicable, como ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos.

La «Santa Sede no se encuentra en conformidad con las obligaciones de la convención», dijo Felice Gaer a la prensa en Ginebra, creando así la expectativa de que la convención de la ONU contra la tortura de hecho se convierta en una oportunidad para litigar contra las iglesias e incluso el Vaticano.

Pese a no ser abogada, Gaer intentó usar tecnicismos jurídicos durante una conferencia de prensa, cuando el comité publicó sus observaciones por escrito sobre el cumplimiento de la convención de la ONU contra la tortura por parte del Vaticano.

El Papa controla el proceder de los sacerdotes fuera de las «cuatro esquinas del Vaticano», sostuvo Gaer.  El Vaticano puede ser culpado por no prevenir o investigar el abuso de menores, castigar a los autores o compensar a las víctimas, según Claudio Grossman, presidente del comité.

A comienzos de este mes, Gaer preguntó al representante del Vaticano en Ginebra de cuánto dinero disponía la Iglesia para compensar a las víctimas de abusos sexuales por miembros del clero. Ella y sus colegas extrajeron preguntas de información presentada por abogados que representaban a supuestas víctimas de dichos abusos.

Aunque el Papa solo tiene poder espiritual fuera del Estado de la Ciudad del Vaticano, el comité cree que la Santa Sede posee un «control efectivo» de todos los sacerdotes y que el Papa es responsable de las acciones de cada sacerdote del mundo. El comité rechazó la declaración de la Santa Sede que dice que la convención solo se aplica al Estado de la Ciudad del Vaticano.

Las observaciones escritas del comité son un mapa de ruta para los abogados que quieren argumentar que el abuso sexual por clérigos es una forma de tortura. La interpretación que el comité hace del tratado abre nuevas posibilidades de juicios por tortura contra países debido a abusos sexuales cometidos por maestros u otros empleados públicos. Cualquier acción ilícita que un estado deja impune es tortura según el comité.  

Los expertos del comité aseguraron a la prensa que «esto está bien establecido». Pero no todos coinciden.

Esto es «absolutamente insostenible», de acuerdo con el especialista estadounidense en derecho Ronald J. Rychlak. El profesor de Derecho la Universidad de Mississippi publicó un artículo en respuesta a las observaciones del comité la semana pasada.

Rychlak sostiene que los expertos de la ONU «van en contra de toda lógica y análisis jurídico».

La convención exige que, para que una conducta equivalga a tortura, debe ser  llevada a cabo por un funcionario público con el objeto de torturar o discriminar. Aunque el argumento del comité surge del intento bien intencionado de convertir a la violación en un delito conforme al derecho internacional, Rychlack sostiene que el comité se aparta del camino y menoscaba tanto el derecho internacional como los derechos de los acusados.

El New York Times asimismo informó que los especialistas en derecho desestiman la interpretación del comité por carecer de peso suficiente.

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