El acuerdo de asociación propuesto entre la UE y los países en desarrollo está basado en controvertidas negociaciones pasadas.

By Rebecca Oas, Ph.D. | April 23, 2021

WASHINGTON, D.C. 23 de abril (C-Fam) La Unión Europea (UE) está trabajando con países de las regiones del Pacífico, el Caribe y África para finalizar un nuevo acuerdo de cooperación para el desarrollo con un plazo temporal de veinte años. Si se adopta, el texto del acuerdo propuesto sumaría más influencia a la UE para promover temas controvertidos como el aborto y la Educación Sexual Integral en esas regiones.

El texto propuesto llama a los países de las regiones en desarrollo a “apoyar el acceso universal a productos básicos de salud sexual y reproductiva y servicios de salud” y “comprometerse con la salud y los derechos sexuales y reproductivos” (SDSR). También insta a cada región a “tomar en consideración” las orientaciones técnicas internacionales de la UNESCO sobre Educación Sexual Integral.

Además de los acuerdos globales adoptados en la ONU, las conferencias regionales pasadas han producido documentos finales, varios de los cuales incluían textos sobre temas sociales controvertidos que nunca han sido adoptados a nivel global. En sus protocolos regionales específicos para África, el Caribe y el Pacífico, el proyecto de acuerdo reivindica varios de los más problemáticos desde una perspectiva pro-vida y pro-familia. Uno es el Consenso de Montevideo, que se celebró en 2013 en la región de América Latina y el Caribe y que ha sido citado como un factor importante en las decisiones de algunos países de la región para liberalizar sus leyes sobre el aborto. Según varios grupos feministas, “la ausencia total de voces conservadoras de la sociedad civil y antiaborto en Montevideo también fue un factor clave” en su adopción. Otro documento mencionado en el protocolo africano es el Protocolo de Maputo, “el primer tratado panafricano que reconoce explícitamente el aborto como un derecho humano, en circunstancias específicas”.

El borrador del acuerdo también exige que los países en desarrollo y la Unión Europea adopten “posiciones comunes en el escenario mundial”, una disposición que probablemente se utilizará para presionar a los delegados y doblegar sus postulados hasta ajustarlos con los de la UE, o incluso intimidar a los delegados individuales que defienden las leyes y políticas pro-vida o pro-familia.

Desde 2000, la asociación entre África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y la UE, que comenzó a finales de la década de 1950, estuvo sujeta a un acuerdo adoptado en Cotonú, la capital de Benin. Uno de los aspectos más controvertidos del Acuerdo de Cotonú fue su aspecto político, el cual condicionó la ayuda internacional a cambio del respeto de los derechos humanos. Si bien esto puede parecer positivo, las crecientes discrepancias sobre la definición de los derechos humanos en los organismos multilaterales de alto nivel, a menudo dirigidos por la UE, crean un motivo de preocupación.

En una consulta previa de la Comisión Europea sobre la asociación posterior a Cotonú, ” la conclusión de los dirigentes ​​europeos fue unánime: la ayuda europea debe seguir estando condicionada al respeto de los derechos humanos y al estado de derecho en los países receptores”.

Entre las áreas de mayor desacuerdo se encuentran la orientación sexual y la identidad de género, particularmente entre la UE y la región africana. De igual importancia es el cambio radical en las cuestiones LGTB que ha tenido lugar en la región europea desde el 2000; un año antes de que los Países Bajos fueran los primeros en aprobar el matrimonio legal entre personas del mismo sexo.

Si se adopta en su forma propuesta actualmente, el nuevo acuerdo dotaría de mayor fuerza a la UE para promover su agenda de “derechos sexuales” en todo el mundo: atando hilos a la ayuda, silenciando las voces opuestas en las instituciones multilaterales y sumando fracasos de negociaciones anteriores, como el Consenso de Montevideo y el Protocolo de Maputo, que consiguen afianzarse con mayor solidez.

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