El Departamento de Estado sigue financiando a la Oficina Regional de la OMS que viola la ley norteamericana.

By Susan Yoshihara, Ph.D. | April 30, 2020

WASHINGTON, 1 de mayo (C-Fam) La semana pasada el Departamento de Estado norteamericano decidió continuar financiando la Organización de la Salud Panamericana (OSP), mientras por otro lado, dejaba de financiar su organización matriz, la OMS. La promoción del aborto por parte de la OSP, está en contra de la política exterior de la administración Trump y además viola la Enmienda Siljander a la ley norteamericana para la ayuda exterior la cual prohibe que la financiación de los EEUU pueda ser utilizada para promocionar el aborto o contra él.

En marzo de 2019, el Secretario de Estado Mike Pompeo anunció una financiación de $210.000  a la Organización de Estados Americanos (OEA) que menciona la promoción del aborto por cuerpos subsidiarios de la OEA sobre derechos humanos y temas de mujeres. Estos continúan promoviendo el aborto como respuesta a la epidemia del COVID-19. OSP escapó a los recortes de nuevo, la semana pasada porque los abogados del Departamento de Estado argumentaron que no era una parte de la OMS, según informó una fuente a Friday Fax. 

De hecho la OSP es a la vez la agencia especializada en salud del sistema Inter-americano y la Oficina Regional de la OMs para las Américas. La organización, apoyó de forma importante a UNICEF cuando abogó por mantener el aborto en Nicaragua y República Dominican.  

En “salud reproductiva y maternidad saludable: alineando la legislación nacional con la legislación internacional sobre derechos humanos”, OSP identificó “desafíos en a relación a derechos reproductivos y maternidad saludable” incluyendo “provisiones legales que restringen los derechos humanos, tales como diseminación de información confidencial sobre salud reproductiva; acceso restringido a anticonceptivos orales de emergencia (AOE) y métodos de planificación familiar; y falta de protocolos para aborto terapéutico”.

OSP identificó además “obstáculos “ legales para los derechos humanos de los adolescentes, incluyendo “(i) insuficiente oferta de información sobre seguridad, confidencialidad, servicios institucionales para una salud sexual y reproductiva, consejo de la interrupción del embarazo” y “falta de protocolos para una interrupción del embarazo terapéutico” para menores. 

OSP menciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la convención de los derechos económicos, sociales y culturales, la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y la convención sobre los derechos del niño, ninguno de los cuales menciona el aborto ni la obligación de las naciones a legalizarlo o proporcionarlo. Cita también en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en 1994, cuyos participantes rechazaron expresamente considerar el aborto como un derecho. Entre sus co-autores se encuentra el bufete de abogados pro-aborto “Center for Reproductive Rights” de interés público. 

OSP respalda los protocolos de la OMS que promueven el aborto como cuidado a la salud de la madre. En “paquetes de intervenciones para planificación familiar, cuidados para aborto seguro, maternidad, recién nacidos y salud del niño” apoya “principios rectores” incluyendo “asegurando el acceso universal a la planificación familiar, aborto seguro, maternidad, recién nacido y cuidado  de la salud del niño”. La guía incluye “una política que amplía los términos legales para un aborto seguro, acceso universal a servicios seguros, conocimiento universal sobre la ley y servicios e importancia de una atención segura durante el aborto”. 

En una reunión en abril del 2010 co-organizada por “Planned Parenthood” de América, OSP desarrolló “estrategias e iniciativas que avancen en los derechos reproductivos de las mujeres los estados miembro de la OSP”, para “revisar mandatos, estrategias y buenas prácticas” haciendo hincapié en “planificación familiar, anticoncepción oral de emergencia y prevención de embarazos no deseados”. En otro evento, OSP respaldó la difusión del aborto en Panamá.

La enmienda a la ley norteamericana, conocida posteriormente como Rep. Mark Siljander se aplica a todos los fondos disponibles a través de asignaciones anuales que incluyen salud, desarrollo, apoyo a la economía, iniciativas de transición, financiación de crisis complejas y otros. 

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