Expertas de la ONU reclaman acciones judiciales contra una plataforma pornográfica

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WASHINGTON, D.C., 22 de mayo (C-Fam) Dos expertas en derechos humanos de la ONU advierten que los sitios web pornográficos, las empresas tecnológicas y las redes de pago facilitan la explotación de mujeres y niñas.

Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, y Ana Brian Nougrères, Relatora Especial sobre el derecho a la privacidad, emitieron un comunicado de prensa conjunto criticando a las empresas que se lucran con la explotación sexual y a los gobiernos que permiten que operen sin supervisión.

«Los sistemas que facilitan y se benefician de la explotación sexual de mujeres y niñas no pueden simplemente regularse de forma marginal; deben combatirse de raíz», afirmaron. «Hay que trazar una línea roja».

Su atención se centró en la empresa canadiense Aylo Holdings, anteriormente conocida como MindGeek, que opera varios sitios web pornográficos populares, incluido Pornhub. Destacaron dos casos de mujeres en Estados Unidos que sufrieron abusos sexuales, incluyendo manipulación y violación en el contexto de citas, y cuyos agresores posteriormente publicaron en Pornhub contenido sexual de las víctimas sin su consentimiento.

Las relatoras instaron a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá a emprender acciones judiciales contra Aylo e implantar medidas de verificación de edad y consentimiento en cualquier sitio que difunda contenido pornográfico generado por usuarios. También criticaron a las redes de pago como Visa y MasterCard por permitir la monetización de contenido abusivo y a las empresas tecnológicas como Google, Meta y Microsoft por facilitar el acceso a dicho contenido a través de sus buscadores y redes sociales.

Llamaron la atención sobre el doble rasero que existe entre el mundo físico y el digital: «El contraste es evidente: se encarcela a individuos por trata de personas, mientras que la entidad corporativa que permitió y se benefició conscientemente de una operación criminal a gran escala elude la condena».

Alsalem se ha manifestado anteriormente en contra de la pornografía y la prostitución, expresando la opinión de que son inherentemente incompatibles con los derechos humanos y la dignidad de las personas involucradas, en particular las mujeres y las niñas. Incluso ha reclamado la abolición total de estas prácticas, más allá de medidas como la verificación de edad y consentimiento, con énfasis en la criminalización de quienes pagan por sexo. Este enfoque, a veces llamado el “modelo nórdico”, se centra tanto en la demanda como en los intermediarios, como los proxenetas, que facilitan la prostitución ajena.

Mientras tanto, la agencia de la ONU para la mujer mantiene oficialmente una postura “neutral” sobre la pornografía, aunque emplea la terminología de “trabajo sexual” favorecida por quienes abogan por su despenalización y normalización. En otro ámbito del sistema de la ONU, un tratado propuesto sobre “ciberdelincuencia” podría debilitar los marcos legales para combatir la pornografía infantil con un nuevo estándar que permitiría vacíos legales relacionados con la pornografía infantil virtual y el “sexting”.

Aylo respondió a la carta de los relatores afirmando que los hechos descritos en los dos casos ocurrieron “en una versión de la plataforma muy distinta de la actual”. Uno de los socios de Ethical Capital Partners, propietario de Aylo, afirmó en una entrevista que «Aylo opera de forma legal y ética», y denunció los sitios pornográficos que carecen de verificación de edad y consentimiento y que «no respetan las leyes».

Mientras que Aylo busca diferenciarse de otras plataformas pornográficas con menos controles, Alsalem argumenta que no existe una forma ética de producir y consumir pornografía, a la que describe como «prostitución filmada».

Si bien Alsalem sigue siendo una excepción en el sistema de derechos humanos de la ONU, existe un apoyo más generalizado para exigir responsabilidades a las plataformas tecnológicas y a las redes de pago por permitir la distribución de contenido publicado sin consentimiento o que involucre a menores, así como a cualquiera que se beneficie de su difusión.

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