Giro radical de agencias federales sobre tratado de la ONU; inquietudes previas ahora se ignoran

By Stefano Gennarini, J.D. | 2014

NUEVA YORK, 27 de junio (C-FAM) Una agencia federal está exhortando a los senadores estadounidenses a que ratifiquen un tratado de la ONU a la vez que niega sus propias conclusiones anteriores, según las cuales la ratificación exigiría considerables modificaciones en la legislación estadounidense.

Según un trabajo publicado por el Consejo Nacional para la Discapacidad en 2008, la ratificación exigiría «una implementación más rigurosa y medidas adicionales por parte del Congreso» sobre 20 disposiciones especiales del tratado. Una vez que este pase a ser vinculante, demandará un «análisis detallado de la actual legislación» y una «reforma jurídica», concluye el artículo.

A comienzos de este mes, no obstante, la misma agencia se alineó al gobierno de Obama y ahora sostiene que la convención «no exige ninguna legislación nueva» si el Senado fuera a ratificarla.

La agencia ahora dice que la ratificación de la convención beneficiaría a los estadounidenses en el país y en el extranjero. Ha mantenido esta nueva postura sobre el tratado desde 2012, cuando este fue presentado por primera vez para ser ratificado en el Senado estadounidense y fracasó.

Cuando el expresidente Bush estaba en la Casa Blanca, la postura de la agencia era más matizada.

El trabajo de 2008 no instaba a que se ratificara el tratado, y de hecho advertía en contra de éste. Señalaba las serias consecuencias jurídicas que tendría hacerlo e insinuaba que la mera firma del tratado, en vez de su ratificación, permitiría a los Estados Unidos demostrar su apoyo por los principios en él contenidos sin estar obligado a cumplir con sus disposiciones. El presidente Obama lo refrendó en 2009.

Las brechas entre el tratado y la legislación estadounidense no son la única cuestión que la agencia ya no considera como obstáculos.

El documento de 2008 pone de relieve dificultades inherentes que el sistema federal de los Estados Unidos presenta frente a la implementación de la convención. El acuerdo aborda muchos temas, como el derecho familiar y la salud pública, por los que los estados son responsables según la Constitución estadounidense, y no, el gobierno federal.

Los senadores plantearon inquietudes similares durante audiencias del Senado el otoño pasado a la luz del precedente de la Corte Suprema de los Estados Unidos que otorga al Presidente y al Senado el poder de ampliar la autoridad federal más allá de la que les fue delegada por la Constitución mediante tratados internacionales.

Conforme a dicho precedente, la ratificación del tratado podría autorizar al Congreso a promulgar leyes sobre asuntos que en la actualidad no podría tocar legítimamente. Lo más preocupante para algunos es que el poder ejecutivo podría emitir órdenes y normas que tocaran asuntos incluidos en la convención, pero no en las leyes estadounidenses vigentes sobre discapacidad.

El tratado de la ONU sobre la discapacidad es de interés especial debido a que la amplitud de su alcance y sus disposiciones se consideran indefinidas. Los defensores del tratado sostienen que esto permite a los Estados Unidos decir que ya cumple con el tratado. Otros temen que esto pueda conferir más poder al gobierno federal.

Un caso reciente ante la Corte Suprema brindó a los jueces una oportunidad para invalidar ese precedente, pero la Corte no lo hizo. Incluso así, la agencia asegura que el tribunal suprimió «uno de los obstáculos manifestados» respecto del tratado sobre discapacidad.

El Consejo Nacional para la Discapacidad asesora al gobierno federal de los Estados Unidos sobre leyes y políticas que afectan a las personas discapacitadas. Es considerada como agencia federal independiente, aunque sus quince miembros son personas designadas por el presidente. La agencia no respondió a los pedidos de esclarecimiento efectuados por C-Fam, editor de Friday Fax, hasta el cierre de esta edición.

Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano

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