Grupos pro-aborto atacan el derecho a la objeción de conciencia de los trabajadores de la salud religiosos.

By Rebecca Oas, Ph.D. | August 18, 2017

NUEVA YORK, 18 de agosto. (C-Fam). A inicios de agosto, un grupo internacional de activistas pro-aborto se reunió en Uruguay para discutir la posible eliminación de la objeción a conciencia de los proveedores de salud relativa al aborto.

La libertad religiosa es un obstáculo a la salud de las mujeres, de acuerdo con la Coalición Internacional para la Salud de las Mujeres (IWHC, por sus siglas en inglés), quien organizó la conferencia. El grupo motiva a los simpatizantes a asegurar que “los entes profesionales reconocen que las creencias personales pueden afectar severamente los servicios profesionales de salud centrados en la mujer”.

La IWHC y el co-organizador Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), decidieron que la sede de la conferencia fuera Uruguay porque tiene de las legislaciones más permisivas en cuanto a aborto en América Latina. Sin embargo, más de la mitad de los proveedores de servicios médicos de Uruguay se niegan a practicar abortos por objeción de conciencia. Los altos porcentajes de objetores no son un fenómeno raro en países que permiten legalmente el aborto, tales como Ghana (97%) e Italia (70%).

Los participantes en la conferencia alegaron que las objeciones morales o religiosas al aborto “deben ser atacadas”, argumentando que las mujeres que no tengan acceso al aborto legal y “seguro” buscarán inevitablemente procedimientos clandestinos potencialmente fatales. En lugar de motivar a las mujeres a elegir la vida, concluyeron que el personal médico deberá ser forzado a causar la muerte.

Uno de los conferencistas fue el Dr. Christian Fiala, un ginecólogo austriaco que ha publicado varios artículos denunciando los derechos de conciencia. En su más reciente artículo, Fiala estipula que la objeción de conciencia “legitima la hipótesis religiosa de que el aborto está mal”, y acusó a la Iglesia Católica de imponer “creencias tradicionales (sexistas) sobre la mujer y la maternidad”. Según Fiala, aunque a los legisladores se les permita el voto de conciencia, a los médicos no, “(si) el tratamiento es legal… sencillamente no hay excusa para rehusarse”.

El compromiso de Fiala con la importancia del aborto, lo llevó a vilificar lo que él llamó “medicina con base religiosa” y a la religión organizada en general. Fiala expresó que duda que la objeción de conciencia en América Latina no pueda ser “solucionada” “sino hasta que la religión organizada pierda mucha de su influencia”.

La Organización Mundial de la Salud estima que las organizaciones religiosas proveen entre el treinta y el setenta por ciento de los servicios de salud en África. La idea de Fiala sobre excluir los servicios de salud por parte de organizaciones religiosas tendría consecuencias devastadoras si se realizara.

Después de manifestar que es difícil determinar cuando la razón de una objeción de conciencia se debe realmente al respeto por la vida humana, Fiala concluyó que su objetivo no es mejorar los derechos de objeción de conciencia, sino erradicarlos por completo.

El grupo que se reunió en Uruguay concluyó que “la objeción de conciencia relacionada con servicios de salud no está sustentada dentro del marco internacional de los derechos humanos” aunque “a veces esté permitida por el derecho nacional”. De hecho, la realidad es la contraria. El aborto no es un derecho humano internacional, aunque algunos países lo permitan. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no hace mención alguna del aborto, por el contrario, estipula que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión” incluyendo el derecho “de manifestar su religión o creencia por la enseñanza, el culto y la observancia”.

A pesar del hecho de que los documentos fundamentales de derechos humanos obligan a las naciones a asegurar la protección de la libertad religiosa y los derechos de conciencia, un número creciente de grupos “expertos” buscan menoscabar estas garantías. En ocasiones anteriores, cuando una legislación nacional ha sido aprobada para permitir el aborto, frecuentemente por presión de grupos tales como IWHC, los ataques a la objeción de conciencia han sido subsecuentes, tal como fue el caso de Uruguay.

 

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