¿Influencia maligna o libertad de expresión?

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WASHINGTON D.C., 20 de Septiembre (C-Fam) La administración Biden ha condenado al gobierno de la República de Georgia por adoptar una ley que obliga a los agentes extranjeros a registrarse ante el gobierno durante la misma semana en que, bajo leyes similares de EE.UU., el Departamento de Justicia de Biden logró la condena de cuatro estadounidenses acusados de ser agentes extranjeros no revelados.

La administración de Biden anunció sanciones contra los políticos y funcionarios que apoyaron la nueva ley sobre la transparencia de la influencia extranjera en la República de Georgia. La ley exige que los grupos, incluidas las organizaciones de noticias, se registren ante el gobierno como “al servicio de un gobierno extranjero” si reciben más del 20 por ciento de su financiación del exterior.

Se espera que afecte a grupos financiados por el gobierno de EE.UU. y los poderes de la UE en la cantidad de cientos de millones de dólares que trabajan para obtener apoyo político para las causas occidentales, incluyendo cuestiones LGBT.

Al mismo tiempo, un jurado federal condenó a los líderes de un pequeño grupo nacionalista negro con sede en St. Louis (Missouri) y St. Petersburg (Florida) por conspiración para difundir propaganda rusa.

El Departamento de Justicia acusó a cuatro miembros del Movimiento Democrático Popular Internacional Uhuru de participar en una “campaña de influencia maligna” en curso en virtud de la Ley de registro de agentes extranjeros de los EE. UU., o FARA, que requiere que los agentes extranjeros en Estados Unidos se registren con el Departamento de Estado de EE.UU. y divulguen sus fondos y actividades.

Las acusaciones incluían la difusión de “propaganda rusa, así como otra información diseñada para causar disensión en los Estados Unidos y promover ideologías sucesionistas”. Los miembros del grupo asistieron a una reunión en 2015 en Moscú y se dice que recibieron $ 12,000 dólares para difundir el mensaje de que el gobierno de EE.UU. estaba cometiendo genocidio contra la gente africana.

La acusación acusa de que la supuesta alianza rusa con el grupo Uhuru es parte de los esfuerzos de Rusia para “crear cuñas que reducen la confianza depositada en los procesos democráticos, degradan los esfuerzos de democratización, debilitan las asociaciones de EE.UU. con aliados europeos, socavan las sanciones occidentales, fomentan las opiniones políticas anti-EEUU y anti-occidentales, y va contra los esfuerzos por integrar a Ucrania y otros antiguos Estados soviéticos en las instituciones europeas e internacionales”.

El jurado absolvió a los cuatro negros americanos de actuar como agentes rusos, pero los declaró culpables de “conspirar” para actuar como agentes rusos. Se enfrentan a cinco años de cárcel.

En los últimos años, la ley FARA se ha utilizado para procesar a los aliados de Trump, Paul Manafort y el magnate del casino, Stephen Wynn.

El grupo Observatorio de Derechos Humanos (Human Rights Watch) con sede en Ginebra, apoyado por Occidente, trató de explicar la aparente discrepancia entre la condena del gobierno de Biden a los países que tienen leyes contra la influencia extranjera y el procesamiento de los estadounidenses que son declarados culpables bajo leyes similares en los Estados Unidos.

Human Rights Watch argumentó que no hay comparación entre la nueva ley de la República de Georgia y la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de los EEUU, porque “la legislación de los Estados Unidos no equipara recibir financiación extranjera, en parte o en su totalidad, con estar bajo la dirección y el control de un principal extranjero. Regula principalmente a los grupos de presión y no sirve como mecanismo para debilitar las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación.”

El grupo Uhuru insiste en que actuaron por su propia voluntad y no a instancias del gobierno ruso y que la cuestión es la libertad de expresión y la persecución por parte del FBI y el Departamento de Justicia.

 

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