Inusual alianza constituida en torno a un caso de la Corte Suprema de EE.UU. sobre minoridad

By Austin Ruse | 2009

     (WASHINGTON, DC – C-FAM)  Se ha configurado una coalición poco común entre grupos de políticas ante un caso de delincuencia juvenil que está siendo examinado por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Dicha alianza está compuesta por asociaciones que velan por la seguridad nacional, libertarios y agrupaciones que defienden la vida y la familia. En la causa están involucrados dos individuos sentenciados a prisión perpetua por delitos cometidos cuando eran menores de edad.

     Joe Harris Sullivan fue condenado en el Estado de Florida por abusar sexualmente de una anciana a la edad de trece años, mientras que Terrance Jamar Graham violó su libertad condicional al cometer un asalto a mano armada cuando tenía diecisiete años. A causa de estos delitos, y por haber reincidido en repetidas oportunidades, ambos fueron sentenciados a cadena perpetua. Apelaron, perdieron y ahora han elevado una petición a la Corte Suprema.

     Como parte de su solicitud de modificación de la sentencia, los demandantes aseguran que existen nuevas normas internacionales que, según dicen, prohíben la imposición de sentencias de reclusión perpetua sin derecho de libertad condicional por actos ilícitos cometidos durante la minoría de edad. En un alegato presentado ante la Corte, Amnistía Internacional afirma que las sentencias deben ser desestimadas ya que los Estados Unidos están obligados por una serie de resoluciones no vinculantes de las Naciones Unidas y por comentarios realizados por cuerpos de supervisión de cumplimiento de tratados. Amnistía también aduce que el país ha asumido obligaciones mediante tratados que Estados Unidos no ha ratificado.

     En particular, la organización asegura que la Convención de los Derechos del Niño y su disposición en contra de las condenas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional genera obligaciones, porque muchos países han ratificado el documento. También asevera que las resoluciones de las tres últimas Asambleas Generales de la ONU en las que se solicitó que se aboliera esa clase de sentencias han establecido una ley internacional consuetudinaria.

     En el documento elevado por el grupo neoyorquino Sovereignty Network y el centro Solidarity Center for Law and Justice, con sede en Atlanta, se niega la existencia de leyes internacionales consuetudinarias para las sentencias de cadena perpetua por delitos perpetrados por menores y, además, se sostiene que los Estados Unidos no están sujetos a un tratado que jamás fue ratificado o que no ha sido sometido a consideración y acuerdo por parte del Senado. Las agrupaciones Americans United for Life (AUL), Center for Security Policy, Concerned Women for America, Hudson Institute, Competitive Enterprise Institute, Cato Institute y otras siete (incluyendo Catholic Family and Human Rights Institute, que publica Friday Fax), se unieron en la presentación del alegato.

     El escrito de la coalición deja en claro que el grupo no asume postura alguna sobre el grado de acierto o severidad de las sentencias de los jóvenes. En él se afirma que estas decisiones deben quedar en manos del pueblo de Florida y de los estados. En el escrito se advierte que, al remitirse a “disposiciones no vinculantes sobre tratados de derechos humanos”, la Corte “se arriesga a debilitar los procesos democráticos y el imperio de la ley, y a generar incertidumbre respecto de un gran número de leyes nacionales”.

     Ante la pregunta de por qué un grupo pro-vida debería interesarse en estos asuntos, William Saunders, vicepresidente senior de Americans United for Life, declaró: AUL está comprometido con el imperio de la ley y se opone al uso indebido de tratados y demás documentos internacionales para avanzar posiciones políticas a través de las cortes federales so pretexto de que constituyen normas internacionales vinculantes”. Wendy Wright, presidente de Concerned Women for America concordó y añadió: “Los radicales elevan y abusan del concepto de ley internacional con el propósito expreso de imponer su visión del mundo a todos los demás”.

Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano

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