La administración Trump se apresta a cerrar vacíos legales para el aborto en el extranjero

By Lisa Correnti | September 18, 2020

WASHINGTON, D.C. 18 de septiembre (C-Fam) La administración Trump está tomando medidas adicionales para asegurarse de que las organizaciones extranjeras que realizan o promueven abortos como método de planificación familiar no reciban financiamiento de los contribuyentes estadounidenses.

Esta semana, el Departamento de Estado propuso una nueva regla que amplía la así llamada Política de Ciudad de México para incluir a contratistas y subcontratistas del gobierno federal. En este momento, la política, que bloquea el financiamiento estadounidense a grupos que promueven el aborto en el extranjero, está limitada a organizaciones extranjeras que reciben subvenciones globales para asistencia de salud.

Bajo la nueva regla, también a los contratistas federales se les prohibiría realizar o promover abortos, incluso con fondos de otras procedencias. La Kaiser Family Foundation estima que el impacto será significativo, dado que 40% del financiamiento global de salud para organizaciones extranjeras pasa a través de contratos del gobierno.

Los contratistas registrados en los EE. UU. siguen estando exentos. Sin embargo, se les exige aplicar la política a todos sus subcontratistas basados fuera de los EE. UU. Además de prohibir la realización directa de abortos, la política también restringe el cabildeo orientado a cambiar leyes de aborto y la conducción de campañas de información públicas acerca del aborto como método de planificación familiar.

La Política de Ciudad de México (ahora denominada Protección de la vida en la asistencia global de salud) fue instituida inicialmente en 1984 por el presidente Ronald Reagan. Ha sido instituida por todos los presidentes republicanos y rescindida por cada presidente demócrata. Antes de la administración Trump, regía solo para el financiamiento pertinente a la planificación familiar, por un total de aproximadamente $600 millones anuales. Trump la expandió para cubrir el presupuesto de salud global completo.

Bajo el presidente Obama, los servicios internacionales de planificación familiar fueron integrados a los programas para VIH/sida. Al poder ahora optar al financiamiento de VIH/sida, se permitía a los grupos abortistas suplementar sus presupuestos con $6.000 millones anuales adicionales.

El presidente Trump terminó con esto cuando expandió la Política de Ciudad de México de la sola planificación familiar a la totalidad del presupuesto de salud global, restringiendo casi $9.000 millones anuales.

En marzo de 2019, el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció planes para eliminar vacíos legales adicionales –a los que se refirió como “ardides de financiamiento clandestino”–, por medio de los cuales organizaciones extranjeras sometidas a restricciones podían dar dinero a otras organizaciones que desarrollaban actividades abortistas.

Poco después, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) proveyó información adicional acerca de esta restricción ampliada: las organizaciones internacionales que reciben asistencia de salud global estadounidense no pueden entregar ningún financiamiento a una organización extranjera involucrada en actividades abortistas.

En enero, legisladores republicanos escribieron una carta al secretario Pompeo en la que pedían una mayor expansión. Específicamente, la carta criticaba a organizaciones estadounidenses involucradas en actividades abortistas en el extranjero, pero exentas de la mentada política. Los legisladores citaban incidentes en los que organizaciones estadounidenses habían reestructurado sus afiliadas extranjeras para poder continuar con actividades abortistas. La carta también destacaba las preocupaciones sobre cómo grupos estadounidenses estaban integrando los programas de salud global de los EE. UU. con sus propios programas abortistas en el extranjero.

La Population Services International (PSI), conocida por su distribución de píldoras abortivas médicas en África, recibió $123 millones en asistencia global de los EE.UU. en 2018. PSI destacó que abriría “sucursales” a su ONG estadounidense por medio de las cuales podría proveer servicios.

Grupos abortistas y LGBT han sido firmes críticos de la expansión de la política y alegan que poblaciones vulnerables han sufrido debido al cierre de clínicas y la perturbación en la entrega de cuidados de salud, especialmente allí donde los programas de salud han sido integrados.

Ahora bien, un reporte del gobierno entregado el mes pasado examinó el impacto de la política expandida sobre la entrega de servicios de cuidado de salud y encontró solo una mínima perturbación. Las agencias de los EE. UU. hallaron un cumplimiento casi universal: tan solo ocho de los 1340 principales beneficiarios de subsidios y 47 beneficiarios secundarios rechazaron entregas de fondos.

La regla propuesta requiere un período de 60 días para comentarios antes que pueda ser implementada.

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