La Corte del Tribunal Supremo de EEUU podrá hacer rechazar la política de protecciones de Méjico Ciudad.

By Stefano Gennarini, J.D. | May 9, 2020

La Política de Méjico Ciudad, como otras condiciones de U.S.A. para ayuda extranjera, relacionadas con la lucha antiterrorista, apoyo a los derechos de la mujer y oposición al racismo, podrían ser censuradas.

Si la Corte Suprema de U.S.A. amplía su Enmienda Primera a los derechos de expresión para entidades extranjeras afiliadas a las organizaciones con base en U.S.A., el abogado del estado de U.S.A. Christopher Michael dijo el martes durante las argumentaciones orales en el caso de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional contra Alianza para la Sociedad Abierta Internacional, entonces el caso implica una petición contra la prostitución que pide que hagan las entidades foráneas fundadas en U.S.A. que trabajen en tratamientos y prevención de HIV/AIDS más allá de la frontera.

El propósito del Congreso de aprobar la condición hace ahora casi 20 años, consistía en luchar contra “las prácticas coercitivas que hacen común el HIV/AIDS y degradan a mujeres y niñas”, dijo Michael durante la audiencia.

En 2013, la Corte Suprema de U.S.A. dictaminó que la petición anti-prostitución no era constitucional en cuanto se aplicaba a grupos con base en U.S.A. porque obligaba a manifestarse, pero no regulaba su aplicación para organizaciones extranjeras.

Las mismas organizaciones a las que afectaba la decisión de 2013, piden ahora que la Corte extienda su Enmienda Primera de libertad de expresión, para afiliados foráneos que comparten el mismo nombre, logo y misión. Entre las organizaciones de relieve que están demandando al gobierno, están: Pathfinder International y CARE U.S.A., las cuales se oponen abiertamente a la Política de Méjico Ciudad.

Michael caracterizó el caso en términos de “globalistas frente a las prerrogativas sobre asuntos exteriores del gobierno U.S.A.”

“La postura de los “respondones” es que ellos y sus entidades foráneas que han decidido mantenerse aparte, deberían de algún modo ser tratadas como una clase de entidad, global, no identificada y única”.

El abogado de U.S.A. replicó “esto es un derecho a la administración óptima del mensaje” que argumentó “es simplemente lo que la Enmienda Primera no protege”.

El abogado de la organización, David Bowker lamentó que el tomar posición contra la prostitución fuese una forma de “hipocresía” para sus clientes. Argumentó que daña “su integridad y reputación y su categoría, cuando se ven obligados a hablar claro desde ambos lados de sus bocas”.

Para la ayudante de la jueza Sonia Sotomayor, el caso puede parecer como un “ya visto”. Legisló que las organizaciones extranjeras no gubernamentales, no tenían ningún derecho de “libre opinión” bajo la constitución de U.S.A. en un caso 2002 Centro para Derechos de Reproducción contra Bush, cuando era una juez de apelación en Ronda Segunda”.

El caso involucró a la Política de Méjico Ciudad, en términos despreciativos llamada

por abortistas  la “ley global mordaza”

La política prohíbe la financiación de U.S.A. a las organizaciones extranjeras que promueven el aborto. Como el caso que nos ocupa 2002, involucró a una red de organizaciones domésticas con afiliados extranjeros que argumentaban que sus derechos de expresión se extendieran a sus afiliados de más allá del extranjero. Aunque la Política de Méjico Ciudad no requiere obligadamente manifestación hablada.

La decisión de Sotomayor de 2002, estaba basada en una apelación precedente. Como Jueza del Supremo no está ligada a su revisión anterior. De hecho, durante las discusiones a viva voz, parecía querer atacar y abolir la Política de Méjico Ciudad.

“En resumen, una agencia doméstica que no quiere una política de oposición al aborto y que no desea apoyarla en su programa, no puede recibir ayudas”, dijo ella en un momento dejando deslizar la palabra “aborto” en vez de “prostitución”.

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