La izquierda sexual prepara una resolución radical sobre el aborto en el Parlamento Europeo
By Stefano Gennarini, J.D. | May 14, 2021
NUEVA YORK, 14 de mayo (C-Fam) El Parlamento Europeo debatirá un proyecto de resolución que pide a los países miembros de la UE que permitan el aborto libre como un derecho humano. La resolución sobre “salud sexual y reproductiva” se debatirá el próximo mes.
Una comisión del Parlamento Europeo que se ocupa de las cuestiones relacionadas con la mujer adoptó un proyecto de resolución en el que se pide a los países miembros de la UE que garanticen que el aborto a petición “sea legal en las primeras etapas del embarazo y cuando sea necesario más adelante”.
El lunes, después de la aprobación de la resolución, el socialista croata Predrag Feed Matić, promotor de la misma, dijo que la salud sexual y reproductiva es un “derecho humano fundamental”.
“Lo más importante es el llamado al acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos para todos los países de la UE sin ninguna discriminación, eso significa educación sexual, tratamiento de la infertilidad, aborto legal y seguro, y atención a la salud materna,” dice en el video.
La resolución se enfoca en los países europeos con leyes que protegen a los niños no nacidos, como Polonia y Malta, que prohíben el aborto por cualquier motivo. Pero también se dirige a los países con regímenes abortistas liberales para desregular aún más el aborto y limitar los derechos de conciencia de los médicos y proveedores de servicios médicos que se oponen a participar en abortos.
“Algunos países miembros que han legalizado el aborto a petición o por amplios motivos sociales siguen manteniendo, sin embargo, sanciones penales específicas para los abortos practicados fuera del marco de las disposiciones legales aplicables”, afirma la resolución.
El proyecto de resolución, aprobado el lunes por la comisión de FEMM (Derechos de la Mujer e Igualdad de Género), afirma que la despenalización del aborto es necesaria para que las leyes de los países de la UE “estén en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos” y define la “denegación del aborto” como una forma de “violencia de género”, citando la opinión de expertos de la ONU.
La resolución menciona el contexto de la pandemia del COVID-19 para instar a los países de la UE a “reconocer la atención al aborto como urgente y como procedimiento médico, rechazando así también todas las limitaciones para acceder a él”.
El proyecto de resolución también atenta contra el derecho de conciencia de los médicos y proveedores de servicios médicos a negarse a participar en abortos y remisiones de abortos.
“[El Parlamento Europeo] Lamenta que la práctica a veces común en los países miembros permita a los médicos, y en algunas ocasiones a instituciones médicas enteras, negarse a prestar servicios de salud basándose en la llamada cláusula de conciencia, lo que lleva a la denegación de la atención al aborto por motivos de religión o conciencia”, dice uno de los párrafos.
Y el proyecto subraya que “la cláusula de conciencia de un individuo no puede interferir con el derecho del paciente a un acceso completo a la asistencia médica y a los servicios”.
El documento de referencia de la resolución cita las afirmaciones de grupos abortistas como Center for Reproductive Rights, Guttmacher Institute y Open Democracy, una organización fundada y financiada por George Soros.
El European Center for Law and Justice, un grupo de abogados de derechos humanos con sede en Estrasburgo, negó que el aborto sea un derecho internacional y cuestionó la legitimidad del informe en un análisis del proyecto de resolución.
“El ámbito de la salud no forma parte de las competencias de la Unión Europea, sino que pertenece a los países”, afirma el grupo, y añade: “La Unión Europea no puede, por tanto, imponer un ‘derecho al aborto’”.
El Parlamento Europeo se pronunciará sobre la resolución en junio. Un proyecto de resolución anterior, conocido como “Informe Estrela”, fracasó en 2013. En él se declaraba que las políticas nacionales de salud no eran competencia de la Unión Europea.
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