La ONU estudia fusionar sus principales organismos
WASHINGTON, D.C., 10 de abril (C-Fam) La ONU está considerando fusionar el Fondo de Población de las Naciones Unidas y ONU Mujeres como parte de una reforma más amplia del sistema de la ONU para reducir costos y racionalizar las operaciones. Sin embargo, los grupos feministas se oponen firmemente a la fusión propuesta, argumentando que significaría un retroceso en sus avances.
Liderada por el secretario general de la ONU, António Guterres, la iniciativa de reforma UN80 se concibió como una forma de garantizar la supervivencia de la ONU ante los recortes de fondos y un panorama geopolítico cambiante. Propone reducir la burocracia, eliminar el trabajo duplicado y recortar el presupuesto de la secretaría. Una de las propuestas que se están considerando es combinar ONU Mujeres, la agencia de la ONU para la igualdad de género, con el UNFPA, que se centra en la salud sexual y reproductiva, incluyendo la salud materna y la planificación familiar.
Los argumentos a favor de la fusión son principalmente prácticos: los mandatos de las agencias se superponen, al menos parcialmente, y una sola agencia que combine el trabajo normativo de ONU Mujeres con el trabajo operativo del UNFPA podría estar “mejor equipada para resistir el reacción adversa”.
Por el contrario, según las organizaciones feministas, fusionar las agencias en una sola entidad sería una capitulación ante la “reacción adversa”, un término utilizado para referirse a la oposición a la ideología de género, la promoción del aborto como un derecho internacional y otras demandas derivadas de un análisis feminista marxista.
Una de las críticas más abiertas a la fusión propuesta es Fòs Feminista, que a su vez es el resultado de una fusión entre tres organizaciones, incluida la división del hemisferio occidental de la Federación Internacional de Planificación Familiar, en 2001. A principios de este año, Fòs Feminista advirtió que la fusión de las dos agencias debilitaría sus respectivos mandatos.
“El UNFPA proporciona liderazgo técnico en materia de prevención del embarazo adolescente, educación sexual integral, acceso al aborto seguro, incluida la atención postaborto, y salud sexual y reproductiva basada en los derechos”, escriben. “Debilitar o fragmentar este mandato dejaría a la agenda integral [de salud y derechos sexuales y reproductivos (SDSR)] sin un hogar institucional claro en un momento en que la oposición política a estos derechos se está intensificando a nivel mundial”.
Otra crítica es Jessica Stern, quien anteriormente se desempeñó como exenviada especial de Estados Unidos para promover los derechos humanos de las personas LGBTQI+ bajo el mandato del expresidente estadounidense Joe Biden. En declaraciones a The Guardian, Stern dijo que las agencias “no son perfectas y no son las únicas soluciones para lograr la igualdad de género y garantizar que las personas tengan acceso a los derechos reproductivos, pero son las que tenemos ahora”, argumentando que fusionarlas resultaría en una pérdida neta de financiamiento en lugar de un ahorro de costos.
A finales de marzo, la iniciativa UN80 publicó una evaluación de la posible fusión, declarando que era “técnicamente viable”, aunque requería “garantías explícitas” para la integridad de los mandatos de las agencias, que están “anclados” en los resultados de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994 y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995.
La evaluación se refiere a estas conferencias históricas como “los fundamentos acordados internacionalmente para promover la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la salud y los derechos sexuales y reproductivos”, a pesar de que la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) fueron rechazados explícitamente de los resultados de ambas conferencias debido a su inclusión de los llamados “derechos sexuales” y nunca han sido acordados internacionalmente.
Sea técnicamente factible o no, los grupos feministas no están convencidos. En un reciente artículo de opinión en Devex, Stern y la coautora Shannon Kowalski lanzaron una grave advertencia: “Es probable que la administración de EE. UU. y otros grupos contrarios a los derechos aprovechen la fusión como una oportunidad para desmantelar por completo esta agenda en la ONU”.
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