La ONU y una agrupación proabortista coordinan ataque a Filipinas
By Wendy Wright | July 4, 2015
NUEVA YORK, 3 de julio (C-Fam) Una agrupación proabortista viajó a Filipinas la semana pasada para sumar presión contra funcionarios del gobierno tras de que un comité de la ONU criticó al país por «graves y sistemáticas» violaciones a los derechos humanos (principalmente porque una de sus ciudades hasta hace poco no cubría anticonceptivos).
El comité de la ONU asimismo dijo al país de mayoría católica que legalizara el aborto y que pusiera a disposición el fármaco abortivo misoprostol.
En 2008, el Centro de Derechos Reproductivos (CDR), agrupación jurídica proabortista, solicitó a la ONU que investigara una orden emitida por el alcalde de Manila que sostenía que la constitución filipina protege la inviolabilidad de la vida y las vidas de las madres y de sus niños por nacer.
El Alcalde también dijo que la Ciudad de Manila asumiría una «posición afirmativa a favor de la vida» y que «promovería la paternidad responsable y defendería la planificación familiar natural no solo como método, sino como forma de concienciación respecto a la promoción de la cultura de la vida, desalentando al mismo tiempo la utilización de métodos anticonceptivos artificiales, como por ejemplo los preservativos, las píldoras, los dispositivos intrauterinos, la esterilización quirúrgica y otros».
En 2012, dos miembros del comité de la ONU que supervisa la Cedaw (sigla en inglés que designa la convención de derechos para la mujer), viajaron a Filipinas para llevar a cabo una «investigación confidencial». Según se dijo, fue la primera de este tipo.
Ese mismo año, tras quince de intensa presión por parte de los defensores de la planificación familiar, el Congreso filipino aprobó la «ley de salud reproductiva» que levantó la prohibición a los anticonceptivos y garantizó la atención postaborto para las mujeres lesionadas por la práctica.
El comité de la Cedaw finalmente publicó su informe en abril de 2015. En él, acusó a Filipinas de no «priorizar los derechos humanos de la mujer por encima de la ideología religiosa y los estereotipos culturales».
Criticó a la ciudad por no haber destinado anteriormente fondos públicos a «toda la gama de métodos para limitar el espaciamiento de los embarazos ». Esto impuso una «prohibición de hecho a los anticonceptivos modernos», sostuvo.
No obstante, admitieron que el Departamento de Salud proveyó de anticonceptivos modernos, que las organizaciones podían ofrecerlos libremente y que hacia mediados de 2012 la ciudad había comenzado a subvencionar métodos modernos e información.
El comité dijo que la no cobertura de anticonceptivos dio lugar a embarazos no planificados, abortos riesgosos, muertes maternas, altos índices de pobreza, más exposición al VIH/Sida y otras enfermedades de transmisión sexual. Las mujeres que elegían no usar anticonceptivos orales debido a sus efectos secundarios perjudiciales recibieron «información errónea», añadió. El reconocimiento del «papel natural como madres» que tienen las mujeres viola la prohibición del tratado contra los estereotipos de género.
El comité sostuvo que las violaciones constituyeron negaciones «graves y sistemáticas» de los derechos de la mujer. Dijo a Filipinas que legalizara y garantizara el acceso al aborto por cualquier motivo y la provisión de fármacos abortivos.
Aunque se promulgó la nueva ley y se ofrecieron anticonceptivos, las filipinas «siguen experimentando embarazos no planificados y padecen el aborto riesgoso», informó esta semana el periódico The Philippine Star.
«Hace falta tomar más medidas», dijo un asesor jurídico senior del CDR. La agrupación es conocida en los Estados Unidos por defender el aborto por nacimiento parcial (práctica por la cual se da a luz a un bebé completamente formado hasta que la cabeza está en el canal de parto para luego succionarle el cerebro) y califica a los abortistas por nacimiento parcial de «defensores de los derechos humanos de las mujeres».
Los países que ratifican la Cedaw aceptan presentarse con regularidad en Ginebra ante el comité de defensores de los derechos de la mujer que supervisa su cumplimiento. Los países no están obligados a seguir las recomendaciones del comité.
El próximo examen de Filipinas es en 2016.
Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano
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