La Orden de Libertad Religiosa de Trump puede ayudar en la lucha del aborto

By Stefano Gennarini, J.D. | June 26, 2020

Nueva York, 26 de Junio (C-Fam). Un Decreto Ejecutivo sobre libertad religiosa internacionalmente podría convertirse en otra importante herramienta para luchar contra el derecho international al aborto en las Naciones Unidas.

El Presidente Trump firmó un Decreto Ejecutivo sobre el Impulso de la Libertad Religiosa Internacional el 2 de Junio en la Casa Blanca, tras una visita al Santuario Juan Pablo II en Washington D.C. El decreto exije que la preocupación por la libertad religiosa sea agilizada como una prioridad en el trabajo del Departamento de Estado y la Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional, incluso en las Naciones Unidas.

Este decreto dirige al Secretario de Estado a “promover la política de libertad religiosa internacional de los Estados Unidos tanto en foros bilaterales como multilaterales”. También orienta al Secretario de Estado a aprovechar la influencia de la Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional para lograr esta meta.

Los organismos de la ONU y las naciones donantes Europeas consideran cada vez más que el aborto es un derecho humanitario, y por tanto los proveedores de salud y el personal que proporciona ayuda internacional no pueden negarle el aborto a las mujeres, incluso si ellos tienen objeciones de conciencia basadas en motivos morales o religiosos.

Los manuales de la ONU consagran la opinión de que las organizaciones que se asocian con las Naciones Unidas en la prestación de ayuda internacional deben llevar a cabo y recomedar el aborto, incluso contra su conciencia.

Tal mandato internacional podría tener un impacto enorme en la comunidad de ayuda internacional. Los grupos religiosos son un gran grupo en la comunidad de ayuda internacional y proporcionan una parte importante de toda la ayuda humanitaria. Algunos de los grupos religiosos, como World Vision y Cáritas internacional, se estima que tienen presupuestos anuales de mil millones de dólares ($1B).

En Marzo, el Relator Especial de la ONU sobre libertad de religión o creencias publicó un informe sobre la libertad religiosa e igualdad de género negando el derecho de los proveedores y profesionales médicos a oponerse por motivos de conciencia a realizar abortos o recomendarlos.

Citando las visiones no vinculantes de los expertos en derechos humanos de la ONU, se quejó específicamente sobre “adaptaciones” en la ley nacional que permiten “el uso de la objeción de conciencia por los proveedores de salud e instituciones reacias a llevar a cabo abortos o proporcionar acceso a la  anticoncepción por motivos religiosos”.

El relator describió “figuras religiosas”, “edictos religiosos” y “postulados religiosos” que apoyan la igual protección de los niños en el vientre como “discriminatorios”. El relator también describió la oposición religiosa a las tecnologías de reproducción asistida y la cirugía de reasignación de género como una forma de discriminación.

El experto probablemente se refería directamente a las acciones de la administración Trump para permitir que grupos como las Hermanitas de los Pobres lleven a cabo el socorro a los ancianos y los indigentes sin pagar por el aborto y la anticoncepción, que están contra sus sinceras creencias. “Adaptaciones Públicas” es un término usado en la ley de EEUU en referencia a los derechos de conciencia de los proveedores médicos y los profesionales para negarse a ejecutar abortos o recomendarlos.

El nuevo decreto también requiere que cualquier organismo federal que proporcione ayuda al extranjero “se asegure de que las entidades de inspiración religiosa y las organizaciones religiosas, incluyendo a las elegibles en países extranjeros, no sean discriminadas basándose en la identidad religiosa o creencias religiosas cuando compitan por fondos Federales”.

Si se lleva a la práctica, el decreto podría ayudar a prevenir que futuras administraciones de los EEUU discriminen a grupos de inspiración religiosa y pro-vida.

Bajo la administración Obama, las agencias federales sistemáticamente impusieron exigencias relacionadas con aborto, anticoncepción, y asuntos LGBT en la programación federal. En el contexto international, como consecuencia, a los Grupos Católicos que proporcionan ayuda a víctimas de la trata se les cerraron las puertas de la programación federal.

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