La presentación de C-Fam denuncia el sesgo tendencioso en el cuestionario de libertad religiosa de un experto LGBT

By Rebecca Oas, Ph.D.

Victor Madrigal-Borloz

WASHINGTON, D.C. 27 de enero (C-Fam) El Centro para la Familia y los Derechos Humanos (C-Fam), editor del Friday Fax, le dijo al experto LGBT de la ONU que la libertad de religión y de conciencia se encuentran entre los más altos principios de la jurisprudencia internacional en derechos humanos, mientras que la “orientación sexual e identidad de género” (OSIG) sigue estando mal definida y es legalmente controvertida.

Esta presentación se produjo en respuesta a un llamamiento del experto OSIG de la ONU, Victor Madrigal-Borloz, para su próximo informe sobre la intersección de los problemas LGBT y la libertad de religión o creencias.

C-Fam señaló que el derecho a casarse y fundar una familia, definido como la unidad grupal natural y fundamental de la sociedad, está expresamente protegido en la la ley sobre derechos humanos, pero “las preferencias y el comportamiento sexual no están protegidos por el derecho internacional sobre derechos humanos fuera del derecho a casarse libremente y fundar una familia”.

Madrigal-Borloz pidió a los colaboradores que respondieran a una serie de preguntas tendenciosas que parecían equiparar estos temas e implicar que la práctica religiosa o la conciencia podrían ser restringidas en nombre de la prevención de la discriminación basada en la “orientación sexual e identidad de género” (OSIG).

Una pregunta es “¿cómo la objeción de conciencia podría haber limitado “el pleno disfrute del derecho a no sufrir violencia ni discriminación” sobre la base de OSIG. Otra pregunta es si los reclamos de conciencia están limitando el acceso de las personas identificadas como LGBT a “bienes y servicios”, incluida la “atención médica sexual y reproductiva [y] la provisión de licencias de matrimonio”.

Esta no es la primera vez que el experto OSIG apunta a las creencias religiosas conservadoras y sus adherentes. En un informe anterior, dijo que “los estados deberían adoptar medidas decisivas cuando las autoridades, líderes o agentes religiosos infringen los derechos de las personas LGBT a través de la violencia y la discriminación, incluido el discurso de odio”. Dado que el concepto de “discurso de odio” se ha vuelto cada vez más amplio, simplemente citar textos religiosos antiguos como la Biblia o predicar un sermón contra los pecados sexuales puede dar lugar a sanciones legales en algunos países.

La creación del mandato del experto OSIG fue controvertida desde su inicio en 2016. Está claro que su propósito es elevar los problemas OSIG junto con los derechos humanos fundamentales reconocidos por consenso internacional desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace setenta años.

Los derechos fundamentales como la libertad de religión, el derecho a casarse y fundar una familia y el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos deben interpretarse de la manera más amplia posible y limitarse solo por razones válidas.

Lo que nunca ha sido definido ni aceptado como un derecho internacional es el concepto de familias basadas en parejas del mismo sexo. Sin embargo, el experto OSIG le dijo recientemente al gobierno de Camboya que defender los derechos de las personas identificadas como LGBT requiere “el reconocimiento de las familias LGBT a través del reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo, el reconocimiento legal de la identidad de género y la adopción de una legislación integral contra la discriminación.”

La fusión de los temas OSIG y los derechos humanos internacionales que promueve el experto en OSIG tiene consecuencias reales para las personas en todo el mundo. La capacidad de los padres para enseñar a sus hijos de acuerdo con su fe y moral se ve socavada por los esfuerzos para exigir una “educación sexual integral” que se centre en los problemas LGBT.

De manera similar, los esfuerzos de los expertos en derechos humanos de la ONU para limitar la objeción de conciencia de los proveedores de atención médica con respecto al aborto probablemente se extiendan a las llamadas hormonas y cirugías de “afirmación de género”. El relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud ya ha descrito tales cosas como un derecho.

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