La responsable de Derechos Humanos de la ONU reclama econocimiento para el activismo judicial y el conflicto político sobre el matrimonio homosexual en Costa Rica.

By Stefano Gennarini, J.D. | May 29, 2020

NEW YORK, 29 de mayo (C-Fam) Directora de la oficina de derechos humanos de la ONU, “Doy la bienvenida a la legalización de un matrimonio civil igualitario (entre personas del mismo sexo) en Costa Rica. Todos hemos nacido libres e iguales y tenemos el mismo derecho a vivir sin discriminación en cualquier tierra”, tuiteó la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, el 26 de mayo en un video-mensaje de felicitación.

La actual presidenta de Chile, que orgullosamente introdujo el matrimonio homosexual en la legislación en su propio país en 2017, es ahora la official de más alto rango en la ONU para los derechos humanos. Ella reclamó reconocimiento para la regulación de la Corte que impuso el matrimonio homosexual sobre Costa Rica.

Las leyes costaricenses que limitaban el matrimonio exclusivamente a aquel entre un hombre y una mujer fueron depuestas el 26 de mayo de 2020 para permitir el matrimonio homosexual siguiendo una controvertida regulación de la Corte Suprema. En la norma, la corte ordenaba que la  legislación de Costa Rica enmendara la ley del  matrimonio del país y la familia  para permitir el matrimonio homosexual en la fecha designada, de lo contrario, las leyes serían automáticamente derogadas.

La decision de 2018 se basó en una opinion judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte, con sede en Washington D.C., elevó la “identidad de género y orientación sexual” como categorías protegidas por la Convención Interamericana de Derechos Humanos citando las recomnedaciones no vinculantes de expertos de la ONU, apoyadas por la oficina de Bachelet.

Bachelet explicó cómo, tanto la oficina de derechos humanos que ella dirige y la Corte Intermaericana de Derechos humanos, trabajaron juntas para presionar sobre el Tribunal Supremo de Costa Rica.

“Mi oficina tuvo la oportunidad de colaborar con la Corte Interamericana compartiendo los estándares de las Naciones Unidas que, como en el caso de Costa Rica, puede guiar a los estados de la region hacia un avance de los derechos humanos del colectivo LGTBI”, explicó Bachelet en el video.

Aunque las agencias de la ONU y el sistema de derechos humanos mantienen  que los derechos LGTBI son protegidos por tratados internacionales, son normalmente rechazados por estados miembros, que aún no han adoptado una resolución que reconozca tal estatus protegido.

La opinion de la Corte Interamericana para la cual Bachelet reclamó apoyo pretende blindarse en los 23 partidos para la Convención Interamericana de los derechos humanos bajo una doctrina legal de “control constitucional”. La Corte efectivamente se encontró a si misma  ordenando a todos los paises en América Central y del Sur que permitieran el matrimonio homosexual, las leyes transgénero y el Gobierno sancionó la reproducción artificial derivada de la disposición de no discriminación del Convenio.

La Corte Europea de Derechos Humanos ha sido más cauta, rehusando  imponer el matrimonio homosexual como han hecho la Corte interamericana y la Corte Suprema de los EE.UU.

La legislación de La Corte Suprema de Costa Rica provocó un incendio político nacional, alimentado por contínuos debates constitucionales. Ambos intentos para adoptar democráticamente una legislación que permita  los matrimonios homosexuales y las uniones civiles fallaron  en la asamblea legislativa de Costa Rica.

El órgano directivo para los notaries reaccionó a la decision de 2018 con una orden para retirar la licencia de cualquier notario que registrara matrimonios homosexuals. Esa orden fue declarada nula por la Corte Suprema a primeros de este año.

El presidente de la Corte, Fernando Castillo Viquez – un jurista altamente respetado que ha sido elegido por la legislatura de Costa Rica para un segundo mandato de 8 años en la Corte- disintió. Emitió un voto particular, afirmando que no estaba de acuerdo con que la Corte Suprema derogara las leyes costaricenses de matrimino basándode en una regulación de la Corte Interamericana. Además argumentó que ambas leyes, la de Costa Rica y la Ley Internacional protegen la familia natural.

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