Los nuevos informes sobre derechos humanos de EE. UU. clasifican el aborto financiado por el Estado como una violación de los derechos humanos

By Rebecca Oas, Ph.D. | 2025

WASHINGTON, D.C., 28 de noviembre (C-Fam) A partir del próximo año, los informes anuales de EE. UU. sobre los derechos humanos en otros gobiernos incluirán críticas al aborto financiado por el Estado, los procedimientos transgénero para menores y las restricciones a la libertad de expresión.

Desde la década de 1970, el Departamento de Estado de EE. UU. está obligado por ley a elaborar informes anuales sobre la situación de los derechos humanos en cada uno de los Estados miembros de la ONU. Sin embargo, el contenido de estos informes se ha convertido en los últimos años en un tema político controvertido. La concepción de los derechos humanos ha divergido enormemente entre las administraciones republicanas y demócratas.

Durante la administración Obama, los informes incluían una sección sobre «derechos reproductivos», debido en gran parte a la presión ejercida por el Centro para los Derechos Reproductivos, favorable al aborto. Esta sección fue eliminada durante la primera administración Trump, restablecida bajo Joe Biden y luego eliminada de nuevo bajo la presidencia de Donald Trump en su segundo mandato.

Sin embargo, este último anuncio del Departamento de Estado supone un cambio importante. La administración Trump no se limita a eliminar cuestiones controvertidas, sino que pasa a la ofensiva.

En años anteriores, la administración Trump, al no considerar el aborto como un derecho humano, se limitaba a eliminar la sección sobre «derechos reproductivos». Ahora adoptará una postura firmemente provida y llamará la atención sobre la violación de los derechos humanos que supone el asesinato de los no nacidos financiado por el Estado. Esto supone un cambio significativo para una administración que ha sido criticada por los provida por sus políticas indulgentes con la fecundación in vitro, que inevitablemente acaba con la vida de embriones humanos.

Hay cambios más controvertidos en el ámbito de la política social. Bajo la presidencia de Obama, los informes comenzaron a incluir por primera vez «la orientación sexual y la identidad de género». Estas cuestiones se redujeron, pero se mantuvieron en el primer mandato de Trump y en los nuevos informes se eliminarán por completo. Pero lo más significativo, y de nuevo pasando a la ofensiva, es que los informes del próximo año criticarán a los gobiernos por, en palabras del Departamento de Estado, facilitar la «mutilación de niños».

Otras secciones nuevas de los informes incluyen críticas al uso de leyes gubernamentales excesivamente amplias contra el discurso de odio para restringir la libertad de expresión. Esto refleja las duras críticas dirigidas contra los gobiernos europeos el año pasado en la Conferencia de Seguridad de Múnich por el vicepresidente J.D. Vance.

Los nuevos informes también criticarán las violaciones de los derechos humanos que pueden derivarse del uso de leyes de acción afirmativa o de políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las decisiones de contratación. Los informes también criticarán la facilitación de la migración masiva y la eutanasia coercitiva.

Funcionarios del Departamento de Estado han afirmado que los informes se centran en los derechos humanos como «otorgados por Dios, nuestro creador, y no por los gobiernos». Esto es coherente con los documentos fundacionales de los Estados Unidos, incluida la Declaración de Independencia, y también con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos asumidas por los Estados Unidos.

Durante la primera administración Trump, el Departamento de Estado convocó a la Comisión de Derechos Inalienables, en la que varios académicos debatieron sobre la concepción de los derechos humanos en Estados Unidos y rechazaron la proliferación de nuevos «derechos» reivindicados por activistas sin ningún consenso internacional. La comisión recibió fuertes críticas, e incluso demandas, por parte de grupos defensores del aborto y de la comunidad LGBTQ+, y fue repudiada por la administración Biden.

Los mismos grupos han expresado su indignación por el nuevo anuncio del Departamento de Estado. El director de defensa de Amnistía Internacional Estados Unidos calificó el anuncio como «un alejamiento de los derechos humanos universales hacia unos “derechos naturales” elusivos e indefinidos».

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