Mientras la ONU se afana, los defensores del aborto presionan una y otra vez
NUEVA YORK, 24 de octubre (C-Fam) Los líderes mundiales van y vienen. Tras de sí, se hace el trabajo fundamental.
Los que quedan en la sede de las Naciones Unidas (embajadores, delegados, funcionarios y miembros de la ONU) trabajan duro en cientos de resoluciones que van desde asuntos rutinarios como el presupuesto de 5 mil millones y medio de dólares de la organización hasta acabar con las guerras y promover los derechos humanos. El año pasado, la Asamblea General aprobó 316 resoluciones.
El punto más importante este año es el nuevo esquema de desarrollo que reemplazará los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Las negociaciones sobre lo que debería constituir el eje de la agenda de desarrollo post 2015 han estado en curso durante casi dos años.
A comienzos de este año, un grupo de trabajo de la Asamblea General, en el que participó la mayoría de los estados miembros de la ONU, propuso 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Intentó conseguir un equilibrio entre los objetivos de los países pobres y ricos.
Los países pobres quieren compromisos concretos que mejoren las vidas de las personas del mundo en desarrollo. Los ricos desean limitar sus compromisos y al mismo tiempo promover valores y normas occidentales.
Las agrupaciones proabortistas se encuentran entre quienes luchan ferozmente por una porción del pastel y tienen algunos países de su lado. Quieren que la salud sexual y reproductiva sea prioridad a fin de recibir más dinero para ampliar sus actividades y presionar por un mayor acceso al aborto. Han montado una campaña en todo el sistema de la ONU para hacer que el aborto sea un derecho humano.
La semana pasada, durante una reunión de las Naciones Unidas, un delegado suizo preguntó a Nicole Ameline, presidente del comité que supervisa la implementación del tratado sobre los derechos de la mujer, si dicha comisión tenía una postura sobre el aborto, concretamente en casos de violación o discapacidad. Su respuesta fue poco clara. Dijo que el comité no tenía «requisitos específicos» en cuanto al aborto, pero luego afirmó no muy convencida que el comité creía en aquellos casos en los que los estados deberían «…potencialmente… permitir la posibilidad del aborto».
«Creemos que nuestra postura es defendible», añadió.
Las negociaciones de la agenda de desarrollo post 2015 definitiva comienzan de veras a comienzos del año que viene y será aprobada en septiembre. Los embajadores de Kenia e Irlanda las facilitarán. Se espera con ansiedad para el mes que viene un informe del Secretario General sobre las consultas y actividades efectuadas en los últimos dos años. Este documento tiene la intención de actuar como trampolín para las negociaciones, pero es probable que refleje los deseos de los países donantes ante los que rinde cuentas el Secretario General.
Los países ricos tienen una clara ventaja en todas las negociaciones de la ONU. No solo contribuyen más dinero al sistema y por tanto influyen en la visión de los miembros y funcionarios de las Naciones Unidas (16 estados miembros aportan el 80% del presupuesto de la ONU y 128 contribuyen con solo el 1% de este), sino que también brindan a los países pobres ayuda bilateral, y, por tanto, esperan tener más que algo que decir sobre cómo se invierte su dinero. Además, los países ricos tienen exponencialmente mayor cantidad de empleados mejor capacitados en Nueva York que los países pobres. Las negociaciones de la ONU pueden resultar desalentadoras para los delegados del mundo en desarrollo. Dadas estas diferencias, sus esfuerzos necesariamente se concentran en conseguir ayuda.
Mientras que los países ricos tienen más en juego en términos de inversiones en el sistema de la ONU, los pobres dependen del apoyo y del asesoramiento de las Naciones Unidas para su propia supervivencia. Es por ello que la agenda de desarrollo post 2015 es una herramienta tan poderosa. Sea lo que sea que se abra paso en el nuevo esquema se convertirá en uno de los puntos centrales de los esfuerzos de la ONU, de las inversiones de los gobiernos y de aproximadamente 130 mil millones de ayuda oficial al desarrollo cada año.
Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano
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