Perdido en la traducción: el fracaso de la norma internacional de derechos reproductivos. Parte dos: la salud reproductiva no incluye el aborto… pero sí lo hace

By Susan Yoshihara, Ph.D. | 2013

NUEVA YORK, 20 de septiembre (C-FAM) El término «salud reproductiva» se infiltró sin hacer ruido en el lenguaje de la ONU en 1972, cuando fue adoptado por José Barzelatto, director inicial del programa de la OMS sobre reproducción humana.

Apareció por primera vez en un documento de la ONU veinte años más tarde, en un informe de la Organización Mundial de la Salud a cargo del sucesor de Barzelatto, Mahmoud Fathalla. Su explayada descripción del término incluía la «regulación de la fertilidad», que para la OMS abarcaba la «interrupción del embarazo», es decir, el aborto.

El personal de la OMS hizo un trabajo fino promoviendo un enfoque basado en los derechos y capacitando a la vez a los abortistas de todo el mundo sin declarar oficialmente que el aborto era un derecho humano. Aparentemente, esto se debía a la oposición entre los estados liberales (grandes contribuyentes occidentales) y los estados tradicionales (beneficiarios). Esta ambigüedad es signo del dilema más amplio que el movimiento enfrentaba al promover la norma sin hacer hincapié en su precepto central: el aborto legal y accesible.

Fue la definición de salud reproductiva provista por la OMS lo que inspiró la conferencia sobre población de la ONU en El Cairo. Tras esa reunión, Usaid, el Fondo de Población, y las fundaciones Ford y MacArthur establecieron programas de salud reproductiva. El Banco Mundial y otras instituciones les siguieron.

Pero El Cairo fue signo de contrariedad, como así también la conferencia de la ONU sobre la mujer celebrada el año siguiente en Beijing. El movimiento no solo no consiguió un nuevo derecho humano al aborto, sino que las naciones aprobaron los documentos de la conferencia advirtiendo que rechazaban la «salud reproductiva» y términos similares junto con la definición de la OMS de la «regulación de la fertilidad». Pese a que el término se «difundió» en leyes y políticas nacionales, muchas naciones lo adoptaron al mismo tiempo que siguieron prohibiendo el aborto.

El movimiento se reagrupó en 1996 con lo que algunos de ellos denominaron enfoque «disimulado»: simplemente hacer que los órganos de la ONU creados en virtud de tratados reinterpretaran los derechos existentes de modo que incluyeran el derecho al aborto. Varios de los comités se atuvieron a ello. En menos de una década, los órganos de tratados habían presionado a más de noventa países para que liberalizaran sus leyes.

Pero había riesgos. Las naciones podían simplemente rechazar las recomendaciones de los comités de la ONU y de ese modo debilitar las pretensiones de autoridad del movimiento. En 2011, Perú desestimó la denuncia efectuada por el Comité de Derechos Humanos en 2005, según la cual la restricción del aborto en el país era «cruel e inhumana», diciendo que el comité se había excedido en su mandato y que no tenía facultad ni siquiera para hacer comentarios sobre su legislación.

El movimiento llevó la lucha a los tribunales y puso en entredicho las leyes nacionales que protegen al no nacido por considerarlas inconsistentes con los tratados de derechos humanos, y presentó «casos difíciles» desgarradores, como por ejemplo el de madres adolescentes perjudicadas. En 2006, el movimiento marcó un triunfo cuando el tribunal supremo de Colombia liberalizó las leyes de aborto del país citando a los órganos de tratados.

No obstante, el número de tribunales supremos dispuestos a hacer que los derechos económicos, sociales y culturales fueran procesables era exiguo y llevó años preparar los casos. Comenzaron utilizando asignaciones presupuestarias nacionales como prueba de discriminación y por ende de violación de los derechos de las mujeres. Liderados por Mary Robinson, se distanciaron de especialistas en derechos humanos como Kenneth Roth que insistían en que un enfoque tal podría debilitar la reputación de la campaña de derechos humanos que había sido erigida proporcionándose pruebas contundentes.

Hicieron progresos en 2012, cuando la oficina más importante de derechos humanos de la ONU publicó una guía técnica que afirmaba que el aborto era un derecho humano dentro del derecho a la salud. Esto también demostró ser problemático. Además de la falta crónica de pruebas y de la necesidad de «ajustar» las cifras de aborto, ya habían encontrado oposición a esa idea por parte de la Asamblea General de la ONU.

El movimiento jamás tuvo éxito en persuadir a ese órgano para que legitimizara la norma. Por el contrario, los líderes del mundo rechazaron la salud reproductiva en dos oportunidades (en 2000 y en 2005) como componente de los Objetivos de Desarrollo del Milenio precisamente debido a sus connotaciones abortistas.

El movimiento se vio obligado a abandonar grandiosos planes de una meta independiente de salud reproductiva y se conformaron con incluir el término sigilosamente en el apéndice de un informe del Secretario General de 2007 que se aprobó sin siquiera debate o discusión. El término comenzó a aparecer como una de las metas del del Objetivo de Desarrollo del Milenio 5 que versa sobre salud materna. Estados Unidos rechazó la meta apodada ODM5B en reiteradas ocasiones durante el gobierno de Bush, y dejó de lado la objeción en 2009, durante el gobierno de Obama.

Continuará la próxima semana 

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