Un nuevo informe señala que el comité de la ONU sobre los derechos de la mujer incrementó su activismo, pero no impresionó a las naciones

By Susan Yoshihara, Ph.D. | 2009

     (NEW YORK – C-FAM)  El comité que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) afirma que ha intensificado su activismo en los dos últimos años trabajando más estrechamente con organizaciones no gubernamentales, para desplegar su agenda, y con parlamentarios y juristas selectos, a fin de implementarla en todo el mundo. Por otra parte, según indica el informe, muchas naciones sencillamente hacen caso omiso del comité y se rehúsan a presentar sus informes.

     En su «Informe al Secretario General» el comité manifiesta que trabaja asiduamente para implementar sus interpretaciones del tratado nombrando nuevos «relatores» para «efectuar el seguimiento» de los informes de los países, haciendo uso de las agencias de la ONU con el fin de implementar su agenda y trabajando con parlamentarios y jueces de forma individual, para ejercer influencia sobre las leyes y políticas nacionales. También ha aumentado el tiempo destinado a la «pre-sesión» que permite al comité influir sobre los activistas, que en su mayoría son ONG estadounidenses entre las que ha captado «un gran número de seguidores».

     El informe indica que el 30% de los Estados partes opta por no participar de las controvertidas evaluaciones a las que son sometidas los países. «Hasta el 15 de agosto de 2009, 56 Estados partes sumaban un total de 102 informes cuyo plazo de presentación había vencido, incluyendo 20 informes iniciales… [algunos de los cuales se habían] retrasado por más de cinco años». El informe añade que la presentación de muchos informes periódicos se retrasó por más de una década. La CEDAW cuenta con 165 Estados partes.

     El informe también difunde el hecho de que el comité está «desarrollando su jurisprudencia» a través del trabajo realizado en el marco de Protocolo Facultativo de la CEDAW, que entró en vigencia hace diez años. Este documento opcional adjunto al tratado permite a los ciudadanos de los 98 Estados miembros presentar denuncias contra sus gobiernos directamente ante el comité.

     Si bien los activistas de derechos humanos promueven esta competencia disponible en el marco del Protocolo Facultativo que actúa como una especie de judicatura internacional que puede emitir juicios contra los Estados soberanos e impulsar nuevas normas, las opiniones del comité no son vinculantes. El informe indica que esta jurisdicción goza de poca credibilidad en la esfera pública, a la vez que admite que «se han presentado pocas comunicaciones» y que aquellas recibidas en el período 2008-2009 fueron desestimadas por falta de pruebas.

     A pesar de la apatía de las naciones, el informe asegura que «las observaciones conclusivas del Comité deben ser consideradas autoritativas y sus nuevos mecanismos de seguimiento, dado este contexto, deberían ser implementados sin restricciones por los Estados partes».

     Los grupos pro-vida y pro-familia critican desde hace mucho tiempo el hecho de que el comité de la CEDAW haya interpretado mediante su «Recomendación General N.º 24» que el tratado incluye el derecho al aborto, a pesar de que éste no se menciona en ningún momento en el documento. Desde la adopción de la Recomendación en 1999, el comité ha presionado a más de 90 países para que liberalicen sus leyes sobre aborto.

     El informe anuncia un «equipo de trabajo conjunto» entre la CEDAW y el Comité sobre los Derechos del Niño y la promoción de un «sistema de tratados de derechos humanos unificado e integrado». Los críticos sostienen que esta creciente colaboración entre los comités de derechos humanos no sólo trastoca el sentido original de los tratados, sino que empaña la diferenciación del propósito particular que tiene cada uno de ellos.

     El comité de la CEDAW redactó una nueva recomendación general en los últimos dos años y está trabajando sobre tres más, entre las que se encuentra la orientación sobre el artículo 2, que trata sobre las constituciones nacionales y los códigos penales.

Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano

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