Violencia, Sesgo, y Abuso de Poder en la Asamblea General de la OEA

By Marianna Orlandi, Ph.D. | 2016

SANTO DOMINGO, 17 de junio (C-Fam) Durante años, el jefe de la burocracia de la OEA ha tratado de imponer el aborto y la homosexualidad en América, mientras que millones de personas han buscado proteger a sus familias y la libertad religiosa. Esta semana en la reunión anual en Santo Domingo, la lucha, literalmente, llegó a los puños.

Hacia el final de la 46 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), bajo el lema “más derechos para más personas”, algunos países pedían la dimisión del secretario general, Luis Almagro.

Durante el primer día, activistas LGBT atacaron a los delegados pro-familia y a la sociedad civil. El joven dominicano Jean Marco Pumarol, detuvo a una persona transgénero que estaba entrando al baño de mujeres durante el evento. El musculoso transexual, y sus “compañeros” empujaron al joven contra una pared mientras gritaban al unísono “transfobia”. Gregory Mertz, Director de la rama de EEUU CitizenGo, intervino para proteger al atacado y fue agredido por otra persona transgénero. La prensa dominicana lo calificó como un “incidente homófobo”.

Ese mismo día, domingo, los dominicanos organizaron una marcha de oración por la vida, dirigida por el obispo de la ciudad Víctor Masalles. En respuesta, el embajador de EEUU para la República Dominicana, James “Wally” Brewster, calificó a los manifestantes de “incitadores de odio” y “homófobos” a través de publicaciones en Facebook.

El eterno activista LGBT insinuó que había un vínculo entre la marcha pacífica y el ataque terrorista (inspirado por ISIS) en Orlando, Florida esa misma mañana en la cual fueron asesinadas 49 personas en una discoteca gay.

A pesar de que la marcha había sido planeada con meses de antelación, se quejó de que dicho evento se había llevado a cabo “un par de horas después de la tragedia [ataque terrorista]” y que la marcha pro vida estaba dirigida “contra los ciudadanos LGBT”.

Al día siguiente, Jean Marco hizo una declaración en nombre de cientos de miembros de la sociedad civil a los jefes de las delegaciones de la OEA en la Asamblea General. Dijo que la única familia que merece el reconocimiento legal es aquella formada por un hombre y una mujer y que la vida debe ser protegida “desde la concepción hasta la muerte natural”. En su cobertura, la prensa calificó el grupo de la sociedad civil como “activistas contra el matrimonio del mismo sexo y el aborto”.

Al día siguiente, la burocracia de la OEA envió a los participantes de la sociedad civil un correo electrónico anunciando que, por limitaciones de espacio, ya no se les permitiría asistir a las reuniones de la Asamblea General.

Miembros de la sociedad civil informaron a Friday Fax que la burocracia de la OEA es conocida por su oposición a la agenda a favor de la vida y la familia. Muchos de ellos pagaron sus propios pasajes y estadías y comentaron que de haber sabido que iban a tener que ver los eventos por televisión, no habrían hecho el esfuerzo para viajar.

Excluidos del evento, la sociedad civil se dispersó por toda la ciudad, organizando protestas pacíficas, realizando conferencias de prensa y hablando con radios locales, nacionales e internacionales.

Mientras tanto, los delegados debatían una resolución que, en efecto, buscaba acusar a países que no reconocen el matrimonio homosexual o que prohíben el “aborto a la carta”, de tortura contra la mujer y personas LGBT.

Aunque las resoluciones de la OEA no son vinculantes para los estados miembros, sí informan las políticas de los órganos y organismos de la OEA, y son invocados por la (bastante progresista) Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Otra resolución utilizó la epidemia del virus Zika para promover el aborto a través de la “salud sexual y reproductiva”. Otros párrafos condenaron leyes y políticas destinadas a restringir la actividad homosexual, amenazando con castigar la discriminación basada en la “orientación sexual e identidad de género”.

Las resoluciones fueron adoptadas, pero no sin las debidas reservas de países como Paraguay, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Guatemala y muchos otros estados miembros.

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